El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido este viernes a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia.

En un comunicado, el tribunal señala que el ponente de la sentencia será el magistrado Cándido Conde-Pumpido.

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia entró en vigor el pasado 25 de junio y ampara a cualquier persona mayor de edad con una enfermedad grave e incurable y que padezca un sufrimiento "constante e intolerable" para que pueda solicitar ayuda médica para morir.

Gravedad, incurabilidad y sufrimiento "intolerable": los requisitos de la ley de eutanasia que entra en vigor este viernes

Así, el país se convirtió en el séptimo del mundo en el que esta práctica es legal después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda (donde ya se ha aprobado, pero entrará en vigor en noviembre) y Colombia (en este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la regule).

Tan solo entrar en cigor, tanto el PP como Vox presentaron sendor recursos ante el alto tribunal. El del partido de Santiago Abascal fue admitido a trámite ese mismo 25 de junio, pero no suspendió su aplicación.

Igualdad ante la ley

La formación liderada por Pablo Casado sostiene en su recurso que la normativa vigente vulnera el artículo 14 de la Carta Magna, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley, y el artículo 16, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de todos los individuos y establece que los poderes público tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española.

El recurso recoge también el argumento ya defendido públicamente por Casado de que la normativa vulnera los artículos 168 y 169 de la Constitución. El líder del PP asegura que con "125.000 fallecidos por coronavirus" no era el "mejor momento de abordar" esta ley y hacerlo, además, "en la excepcionalidad" del estado de alarma, vigente hasta el 9 de mayo.

Ahora, el Constitucional dará traslado de la admisión del recurso del PP al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas.