La Fiscalía ha recurrido ante el Supremo la absolución de Tamara Carrasco, la CDR que fue detenida en 2018 acusada de terrorismo, al entender que los mensajes de WhatsApp que envió animando a ocupar el puerto o el aeropuerto fueron un "punto de partida en el proceso hacia la violencia real".

En su escrito, la Fiscalía pide al Tribunal Supremo que revoque la absolución de Carrasco, dictada por un juzgado de lo penal de Barcelona y después confirmada por la Audiencia Provincial, y la condene a una pena de siete meses de cárcel por un delito de incitación a los desórdenes públicos.

La activista fue detenida por la Guardia Civil acusada de terrorismo y permaneció más de un año confinada en Viladecans (Barcelona) por orden de la Audiencia Nacional, pero finalmente fue juzgada por un delito de incitación a los desórdenes públicos por enviar wasaps sobre movilizaciones independentistas planeadas para la Semana Santa de 2018, entre ellas la ocupación del puerto y el aeropuerto, que no llegaron a consumarse.

La juez absolvió a la CDR -defendida por el abogado Benet Salellas-, al concluir que enviar mensajes o consignas a un grupo de amigos en un chat de WhatsApp no constituye una difusión o distribución pública de su contenido.

No obstante, la Fiscalía considera que, con independencia del número de miembros del chat al que la acusada envió sus mensajes, Whatsapp es "un potencial canal de distribución a gran escala", como lo demuestra el hecho de que sus audios llegaron incluso a teléfonos de la Guardia Civil.

Para el ministerio público, el contenido de los mensajes y la "colaboración masiva" que solicitaba Carrasco para acciones que "necesariamente precisaban de un alto número de participantes pone de relieve que la acusada precisamente pretendía que llegara a un gran número de personas" o al menos así debió preverlo.

La Fiscalía afea a la juez que desconozca la "realidad social" y le recuerda que lo habitual para convocar actos masivos es recurrir a la mensajería instantánea por WhatsApp: "Así se puso de manifiesto en los diversos actos que se cometieron en Barcelona en los años 2017, 2018, 2019 y así se pone de manifiesto constantemente en todo tipo de manifestaciones (...)".

Además, el escrito recuerda que los actos a los que Tamara Carrasco animaba a participar "contaban con o admitían la posibilidad de violencia sobre las personas o sobre las cosas" y que ella no solo transmitía la información, sino que participa en las "tomas de decisión, las conoce y propone la colaboración".

"Convocar a un número indeterminado de personas a ocupar el puerto o el aeropuerto necesariamente significa asumir que el grupo será muy grande y que es seguro que habrá violencia, porque son instalaciones protegidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que necesariamente van a reaccionar", añade el fiscal.

Por ese motivo, el ministerio público concluye que el mensaje remitido por la acusada generó un "gran peligro, debido a que era el punto de partida en el proceso hacia la violencia real", como así lo demuestran, a su parecer, "los hechos acaecidos con posterioridad" en Cataluña.

Tras dar por hecho que la activista "sabía que su mensaje llegaría a un gran número de personas, no solo a las receptoras de sus wasaps", la Fiscalía insiste en que ese tipo de consignas "ayuda a crear un entorno social violento que socava el orden y la paz pública que deben imperar en una sociedad como la catalana, que vivía momentos de gran tensión social".