"En su afán por impedir el derecho de las familias incluso utilizó, en una especie de falso testimonio, la afirmación de haber sido asesorado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, un organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia que al día siguiente desmintió haber mantenido esa conversación con el citado concejal", asegura la ARMH en un comunicado recogido por Europa Press.

La asociación considera "lamentable el papel de un servidor público que ha cometido un acto de tanta gravedad, al tratar de impedir el derecho fundamental de cualquier familia a enterrar dignamente y donde considere oportuno a un ser querido".

Por eso, espera que el concejal se disculpe públicamente por haber llevado a cabo una actuación que podría incluirse en la prevaricación administrativa al tratar de convencer a un grupo de ciudadanos, desde su papel de representante público e institucional, para impedir un derecho legislado por el Estado y por la Junta de Castilla y León.

Además, el colectivo le ha pedido también una explicación pública de la afirmación en la que aseguró haberse asesorado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por lo que solicita "que reconozca públicamente la falsedad de tal hecho, al involucrar con aliado suyo a una institución estatal en su intento por negar el derechos a las familias, y actúe en consecuencia".

"El hecho de que utilizara falsamente el respaldo de una institución del Estado para impedir un derecho es un agravante en un comportamiento alejado de la ética pública y de la mínima sensibilidad humanitaria hacia las 70 familias que llevan décadas buscando a un ser querido al que todavía, después de tantos años de recuperada democracia, no han podido enterrar según su voluntad", denuncia la asociación.

Por otra parte, acusa también al teniente de alcalde de incumplir "deliberada y públicamente el artículo 3º de los estatutos del Partido Popula, en el que su formación política se declara solidaria con las víctimas de la violencia de cualquier signo".

La asociación también lamenta las reiteradas afirmaciones del alcalde, Alejandro Barrera, al que acusan de "convertir las exigencias públicas de los derechos de las familias en un ataque a su formación política".