Juani se levantó de la cama este martes, se retiró la máscara del respirador con el que tiene que dormir cada noche y se percató de que no tenía luz en su casa. Pensó que el momento que tanto había temido hubiese llegado finalmente y que la compañía eléctrica, a la que llevaba meses sin poder pagar las facturas, hubiera cortado el suministro.

Todo quedó en un susto. La fuerte tormenta que había caído el martes de madrugada en Madrid había hecho saltar los plomos. Seguía teniendo luz un día más. Al menos, hasta el 31 de octubre.

"Mi problema es que, un día, tuve que decidir entre pagar la luz o comer", explica esta sevillana de 50 años, que sufre apnea del sueño, una enfermedad que le obliga, desde hace año y medio, a dormir conectada a una máquina que funciona enchufada a la electricidad. Fue víctima de violencia de género, pero la subvención que recibió finalizó el pasado mes de octubre. Desde entonces, la factura de la luz se ha triplicado.

HENAR DE PEDRO

Su caso es el de miles de familias -el número exacto se desconoce- que han sido incapaces de hacer frente al incremento desorbitado de la factura de la luz en los últimos meses. El Gobierno aprobó en marzo de 2020 una moratoria en los cortes de suministros de las personas más vulnerables que ha ampliado hasta el 31 de octubre, pero las familias que están incurriendo en impago han continuado aumentando su deuda.

"Desde el mismo momento en que me cortasen la luz, mi vida correría peligro", declara Juani. "Hay muchas familias en las mismas condiciones que yo, el Gobierno tiene que poner límite a las grandes compañías eléctricas porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y eso no es solo un techo, también es tener luz, agua y las necesidades básicas cubiertas".

Elena Buenavista

“La única solución para nosotros es que condonen la deuda las personas vulnerables y, sobre todo, necesitamos una empresa pública. Que, igual que la educación es pública y los hospitales son públicos, la electricidad lo sea también”.

Una medida disputada dentro del Gobierno de coalición

La prohibición de cortar los suministros básicos es una medida que ha provocado serias diferencias entre los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición desde que comenzó la pandemia. La medida estaba incluida en el conocido como "escudo social" que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez aprobó el 31 de marzo de 2020, pero su ampliación ha sido aprobada siempre tras duras negociaciones.

En septiembre del año pasado, pese a la presión de Unidas Podemos, el Ministerio de Transición Ecológica, presidido por la socialista Teresa Ribera, sustituyó la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas por una ampliación del bono social eléctrico.

El pasado diciembre, sin embargo, la medida volvió a incluirse en el decreto antidesahucios a última hora, después de semanas de tira y afloja entre Unidas Podemos y Transición Ecológica. La medida dejará de estar en vigor el próximo 31 de octubre y no hay noticias sobre si volverá a ser prorrogada o no.

"El problema que tenemos es que hay gente que puede estar sin pagar la electricidad y sin corte de suministros seis u ocho meses y, ahora, cuando termine la moratoria, empieza el plazo para cortar el suministro", explica Soledad Montero, del área de Energía de Ecologistas en Acción y activista de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. "Lo que ocurrirá es que se les va a cortar el suministro y con una deuda que no les va a permitir avanzar".

Una seguridad social de la electricidad

Es el caso de Arantxa, una madre de familia de 44 años, que vive en el distrito madrileño de Villa de Vallecas junto a su marido y sus dos hijos de 18 y 13 años. "Desde el año pasado, con el tema de la pandemia, nos vino un bachecillo que nos quedamos los dos sin trabajo. A raíz de ahí ha empezado todo a ir de mal en peor", explica Arantxa, que, igual que Juani, necesita una máquina para dormir y otra para aliviar una dolencia cardiaca.

Su familia lleva más de un año sin poder hacer frente a la factura de la luz y recibieron una notificación de un futuro corte de suministros justo en los meses en los que la moratoria no estuvo aprobada.

"No es que quiera la luz por capricho si no que la necesito debido a mis enfermedades", explica Arantxa. "Para nosotros la única solución es que se nos condone la deuda y que el Gobierno saque una ley que permitiera pagar según los ingresos que tengas".

Elena Buenavista

"Cuando acabe la moratoria creo que me cortaran la luz, pero, en el caso de que llegara, no sé hasta qué punto podría denunciarlo, por soporte vital. Necesito la luz para poder vivir".

Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Ecologistas en Acción, están trabajando en una propuesta de tarifa social para presentar al Gobierno en las próximas semanas, que sustituya al actual bono social, un mecanismo de descuento fijo, de entre el 25% y el 40% del importe de la factura al que están acogidas más de 1 millón de familias.

"A la electricidad, como suministro básico, debería poder acceder todo el mundo y, para eso necesitamos, que se pueda pagar este suministro en relación a la renta. Una especie de seguridad social de la electricidad", explica Montero, de Ecologistas en Acción.

¿Y qué ocurre con la deuda generada durante estos meses? Para Montero no hay duda: "Las compañías eléctricas deben asumir la deuda, como ocurre con cualquier pequeña empresa y nunca con las grandes o con los bancos, cuyas deudas siempre recaen en los usuarios o en el Estado".