"Misión cumplida". Con esas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso transmitir el pasado viernes un mensaje optimista sobre el operativo de evacuación de Afganistán, desde donde España ha logrado sacar a más de 2.200 personas tras la caída de la capital en manos de los talibanes. España "lo ha hecho bien" y "así lo ha reconocido la comunidad internacional", dijo el presidente. Pero ese mensaje se solapa con otras realidades: el fracaso de la comunidad internacional tras 20 años de presencia en el país, la situación dramática que se vive sobre el terreno y el incierto futuro de los colaboradores que no han conseguido ser rescatados.

La evacuación desde Afganistán, en realidad, comenzó mucho antes de que la prensa internacional comenzara a retransmitir el minuto a minuto. El operativo arrancó de forma "discreta" en julio, explican fuentes gubernamentales, cuando ante el avance talibán la embajada indicó a los españoles que vivían en el país –unos pocos centenares– que debían salir. El aeropuerto de Kabul aún operaba con normalidad, lo que les permitió huir en vuelos comerciales. En el Gobierno destacan que esa anticipación permitió que apenas quedaran españoles en Afganistán cuando cayó Kabul. En la sede diplomática, por ejemplo, sólo permanecían cinco personas.

A partir de entonces se aceleraron todos los trabajos para la salida del país, tanto de los últimos españoles como de todos aquellos colaboradores que España tuvo durante sus 15 años de presencia sobre el terreno. Un periodo en el que, como recordó Sánchez, las Fuerzas Armadas españolas construyeron escuelas, asfaltaron carreteras y pusieron en marcha instalaciones para el saneamiento de aguas. Para esas labores contaron con la ayuda de decenas de traductores y de personal local que ahora está en el punto de mira de los talibanes. Especialmente preocupante es la situación de mujeres y niñas.

Decenas de reuniones, listados y mensajes

Para intentar sacar de Afganistán a cuantas personas fuera posible, desde principios de agosto un grupo de unas treinta personas se reunió de forma diaria bajo el liderazgo del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Diplomáticos, representantes de las Fuerzas Armadas, de los Ministerios de Interior, Inclusión y Presidencia, miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil... un sanedrín que analizaba cada novedad en encuentros que se mantenían cada mañana por videoconferencia. Además, Sánchez presidió cuatro reuniones de una comisión interministerial.

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Del relato de las fuentes del Gobierno consultadas se desprende la dificultad de 'rastrear', localizar y evacuar a todos los colaboradores. Las peticiones para rescatar a afganos llegaban a través de múltiples vías y de distintos ministerios. A partir de esas listas, se intentaba contactar con los colaboradores, pero no siempre era fácil. Las llamadas por teléfono quedaban en muchas ocasiones sin respuesta y era más sencillo enviarles un correo electrónico o un whatsapp, que respondían cuando podían acceder a internet o tenían cobertura en sus teléfonos.

También era frecuente que los colaboradores que iban a ser evacuados pidieran incluir a familiares, especialmente a sus cónyuges e hijos e hijas, pero también a hermanos o primos. Al final, los listados crecían y es imposible, según fuentes gubernamentales, dar una cifra definitiva del objetivo de personas a evacuar, porque no se ha seguido un criterio restrictivo, sino todo lo contrario: la voluntad era sacar de allí a la mayor cantidad posible de personas en riesgo. "Hemos mantenido una perspectiva amplia de considerar que han sido colaboradores tanto las personas que han trabajado directamente [con españoles] como sus familiares", dijo Sánchez.

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Finalmente, el dispositivo logró sacar a unas 2.200 personas –Moncloa lo celebra, porque inicialmente se marcó el objetivo de rescatar a 800–. De ellas, cuatro de cada diez son menores y casi la mitad (47%), mujeres. Hay personas que solas y parejas, pero también familias completas. De media, cada unidad familiar evacuada tiene cinco personas, pero hay casos en los que superan la decena. A su llegada a España fueron recibidos en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) donde, de media, pasaron unas 32 horas antes de pasar al circuito de acogida. Esa velocidad fue clave para evitar el atasco de las instalaciones.

En la base también se les hicieron test de coronavirus. Fuentes del Gobierno celebran que sólo se registrara un positivo, el de una menor de 15 años que está asintomática. De hecho, si el número de positivos hubiera sido muy elevado se hubiera complicado toda la operativa, ya que parte del campamento hubiera tenido que reservarse para aislar a los contagiados, ralentizando el ritmo de una operación que se ha desarrollado contrarreloj y que la Moncloa insiste en que se ha prolongado "hasta el último minuto" que ha sido posible.

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Ello no ha evitado que muchos afganos se hayan quedado atrás. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya admitió a comienzos de la semana pasada que sería imposible sacar del país a todos los que colaboraron con España, y el presidente Sánchez admitió el viernes que el Gobierno no tiene una cifra "exacta" de locales "que hayan colaborado y que sigan allí". Fuentes gubernamentales confirman lo dicho por el líder del Ejecutivo y explican que la cantidad de peticiones, los distintos canales a través de los que se recibían y las propias solicitudes de los colaboradores para que también se evacuara a sus allegados hace imposible dar una cifra con cierta "precisión".

Un futuro incierto

El futuro de esos afganos está plagado de dudas. Sánchez dijo que se buscarán "vías" para "seguir evacuando al mayor número de personas" y que hay "mucha tarea por hacer", pero no quiso responder a la pregunta de si se negociará con los talibanes para que permitan que vuelos comerciales sigan sacando a gente del país. "Vamos a trabajar de manera discreta, ya estamos pensando en cómo podemos articular un operativo", replicó el presidente. Fuentes del Gobierno insisten en que, terminada la primera misión, ahora empieza otra para seguir evacuando afganos, pero tampoco dan más detalles por razones de "seguridad".

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En el plano político, el presidente Sánchez compareció el viernes y visitó Torrejón de Ardoz el sábado, junto a Felipe VI, pero ha rechazado comparecer en el Congreso para dar explicaciones, como le reclamaba el líder de la oposición, Pablo Casado (PP), quien también consideró que la operación en Afganistán debería haber contado con la autorización del Congreso. 

Sánchez calificó esas críticas de "difíciles de entender", pero también admitió que no ha llamado a Casado para informarle del desarrollo de la operación. A preguntas de los periodistas, se excusó en que el "contacto del Gobierno" con el resto de partidos ha sido una constante a través de Bolaños y del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Precisamente a este último es a quien el presidente ha encargado que dé explicaciones en el Congreso, este mismo lunes, sobre la gestión de esta crisis y del operativo que se está diseñando para seguir sacando gente del país, aunque fuentes gubernamentales ya avanzan que este asunto se manejará, por ahora, con la máxima "discreción".