En rueda de prensa, la secretaria de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO Aragón, Delia Lizana, y la responsable del sector privado y dependencia, María Soriano, han explicado el recurso presentado el pasado 13 de agosto por CCOO ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) frente a la orden de 29 de julio de 2021 del Secretario General Técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo regional por vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores de las residencias de mayores en la comunidad autónoma.

El TSJA admitió a trámite el recurso y suspendió, cautelarmente, la obligatoriedad de que los trabajadores de las residencias no vacunados tengan que pagar de su bolsillo las pruebas que deben realizarse cada 72 horas.

Al respecto, Lizana ha señalado que su recurso, además de este último aspecto, también esgrime que la orden de 29 de julio de 2021 discrimina entre personal vacunado y no vacunado, vulnera el derecho a la intimidad y dignidad de las personas y anula el dialogo social, derechos, todos ellos, recogidos en la Constitución española.

Según ha comentado, "se castiga a los no vacunados a asumir los costes de la prueba frente al resto de trabajadores", cuando la ley de Prevención de Riesgos Laborales contempla que el coste de las medidas de seguridad no debe recaer en los empleados.

Además, ha continuado, las circunstancias de los trabajadores no pueden ser objeto de un trato discriminatorio, tanto por tener que hacerse una prueba, como por deber pagársela ellos, cuando no hay una normativa que obligue a la vacunación.

Por otra parte, se vulnera el derecho a la intimidad y la dignidad de las personas ya que las empresas pueden utilizar información privada del trabajador, al tiempo de que ha sido una medida "que no ha permitido la acción sindical mediante el diálogo social", cuando la legislación de Prevención de Riesgos Laborales obliga a ello si se implementan medidas no contempladas en la normativa, ha relatado Lizana.

"No se puede legislar haciendo caso omiso a los derechos fundamentales de los trabajadores", ha sostenido la representante sindical, que ha defendido la necesidad de establecer cauces de protección para los residentes "ya que se trata de uno de los colectivos más vulnerables frente a la pandemia, pero respetando la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y la Constitución española".

HACER LA VACUNA OBLIGATORIA

Lizana ha sentenciado: "Cuando te vacunas, lo haces por el bien colectivo, no por ti" y ha argumentado que si la autoridad sanitaria considera que ésta es la medida más conveniente para hacer frente a la pandemia del coronavirus en las residencias de mayores, debe adoptar las medidas oportunas, como podría ser legislar para hacerla obligatoria a los trabajadores de estos establecimientos, a través de una norma de rango superior, como lo han hecho países vecinos como Francia e Italia.

Para CCOO, es el Gobierno el que debe marcar la obligatoriedad de la vacunación y no las empresas. "La ley de bases de Sanidad Nacional ya plantea la vacunación obligatoria contra enfermedades infecciosas en tiempos de pandemia, como la difteria o el tifus", ha detallado Lizana.

De la misma forma se ha pronunciado la responsable del sector privado y dependencia de CCOO Aragón, María Soriano, que ha pedido al Gobierno de Aragón no hacer "chapuzas", ni limitar los derechos de los trabajadores.

De esta forma, el sindicato ha querido aclarar que su apuesta por la vacunación contra la COVID-19 es firme, pero ha rechazado las órdenes emitidas por el Gobierno de Aragón que afectan a las relaciones laborales de los trabajadores del sector de la dependencia.

María Soriano ha aseverado al respecto: "Mientras la vacunación no se imponga con carácter obligatorio, consideramos inadecuados que se estén haciendo uso de mecanismos coercitivos que contravienen la normativa constitucional, laboral y en prevención de riesgos laborales".

SITUACIÓN

La responsable de dependencia de CCOO Aragón ha contado que este ha sido uno de los sectores más golpeados durante esta crisis sanitaria y las trabajadoras de residencias han realizado "jornadas interminables", sin medidas de protección adecuadas durante la pandemia y perdiendo días libres o vacaciones.

"Han respondido con fuerza pese a que son un sector altamente precarizado con sueldos que no alcanzan los mil euros al mes", ha subrayado Soriano y, sin embargo, ahora, para proteger a los residentes "se hace recaer toda la responsabilidad sobre la parte más débil, el trabajador, y sin contar con la negociación sindical".

Además, ha manifestado que las empresas "obligan a su personal a regresar de las vacaciones tres días antes de que finalicen para someterse a las pruebas diagnósticas y se obliga al personal no vacunado a asumir costes que podrían suponer más de un tercio de su sueldo".

María Soriano ha aprovechado para pedir la publicación urgente de la nueva normativa que actualiza las ratios en las residencias de Aragón porque "contribuirá a mejorar la condiciones laborales en este sector, dará mayor calidad asistencial y mayor protección".