Los hechos se remontan a finales del mes de julio, momento en el que la Guardia Civil comenzó a recibir denuncias de personas que reservaban villas de alquiler vacacional en una agencia supuestamente ficticia dedicada a la venta de paquetes vacacionales a través de una página web y perfiles en redes sociales para dar credibilidad a una imagen corporativa, ofreciendo un producto del que no disponían.

La agencia, que en muchos de los casos no disponía de la concesión de derechos de explotación de los inmuebles, rescataba fotografías de villas de los principales operadores turísticos de Internet y las ofertaba como suyas, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Así, las víctimas contactaban con esta supuesta empresa a través del número de teléfono que aparecía rotulado en sus perfiles de redes sociales y tras acordar la reserva de las villas publicitadas, siempre a precio significativamente inferior que la media del sector, realizaban pagos a través de transferencia bancaria o procesadora de pago BIZUM.

Posteriormente, tras realizar los pagos, comenzaba la triste realidad para los perjudicados, ya que cuando se acercaba el momento de realizar la entrada en las villas, incluso horas antes, los ahora imputados informaban de que las condiciones de su reserva habían sido modificadas, les ofrecían varias alternativas, que iban desde alojamientos en complejos que para nada se ajustaban a lo publicitado y contratado, hasta quedarse sin hospedaje, por no disponer de las villas publicitadas.

Incluso en algunos casos, una vez realizado el pago, ni siquiera lograron volver a contactar con la supuesta agencia.

Todo ello, generaba un grave perjuicio en los afectados, ya que independientemente de la pérdida económica y los billetes de avión por proceder de fuera de la isla, se sumaba el daño emocional de las víctimas que veían arruinadas sus vacaciones.

LA DEVOLUCIÓN

Ante lo ocurrido, los afectados solicitaban la devolución del dinero y es en ese punto donde la Guardia Civil detecta la segunda parte de la estafa y falsificación documental, ya que la supuesta empresa, actualmente desmantelada, prometía la devolución del dinero, llegando incluso a emitir justificantes de transferencia bancaria a los afectados, haciéndoles creer que se había realizado el reembolso.

De este modo, los investigadores detectaron que los justificantes de transferencias no eran reales, bien por haber sido falsificados o alterados o bien por tratarse de estrategias urdidas como realizar transferencias con periodicidad diferida, siendo las mismas canceladas antes de que fueran efectivas, procediendo a generar engaño en sus víctimas.

Todos estos hechos, indica la Guardia Civil, ha provocado "gran alarma social" en la isla de Fuerteventura, especialmente en el sector del turismo, ya que la difusión de los casos a través de las redes sociales generaron la desconfianza en usuarios de este tipo de turismo, "viéndose gravemente afectadas empresas que si realizan la gestión de villas de manera lícita", ya que el temor generado en los turistas ha derivado en una "avalancha de solicitud de cancelaciones en otras agencias".

Así, tras realizar las pesquisas pertinentes, los agentes se centraron en la identificación de los presuntos responsables, detectándose que se trataba de un grupo estructurado donde la cabecilla, contaba con numerosos antecedentes por hechos de la misma naturaleza, habiendo sido detenida hasta en seis ocasiones anteriores.

Esto permitió obtener indicios para situar en la estructura de la empresa a varias personas con diferente rol, siendo detenidas la madre de la cabecilla, que realizaba funciones de colaboración como titular de las cuentas bancarias y nombre visible de la empresa.

También se averiguó la participación de varias personas que realizaban funciones de intermediarios, obteniendo de ello un beneficio económico.

Actualmente, los agentes han podido localizar a más de 30 afectados y se ha cuantificado la cantidad de 29.000 euros estafados, por ello y finalizadas las diligencias policiales los presuntos autores fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Puerto del Rosario, decretando el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza de la misma de la cabecilla de la trama.

La Guardia Civil continúa con esta investigación abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones y/o investigaciones, al tiempo que se siguen recepcionando denuncias en dependencias policiales por hechos de la misma naturaleza.

Finalmente, desde la Guardia Civil se recomienda para evitar este tipo de situaciones desconfiar de los anuncios en los que el precio del alquiler es desmesuradamente bajo; consultar el número de personas que han alquilado anteriormente el inmueble, así como sus comentarios y opiniones; o evitar realizar los pagos mediante transferencias bancarias o pagos por BIZUM, especialmente si el pago se realiza de antemano, entre otros.