Ante la "inquietud e indignación" generada entre la sociedad, la entidad ha recordado en nota de prensa que la luz es "un suministro básico para el normal desenvolvimiento del día a día de los ciudadanos", que se convierten en "consumidores cautivos".

A su juicio, contra tal "abuso" solo caben "medidas energéticas contundentes". "No es de recibo que un oligopolio formado por grupos de empresas reducidos condicione de una manera tan repulsiva no solo la economía de todo el país, sino, lo que es más reprobable, la vida de unos ciudadanos que, ya azotados por la crisis económica derivada de la pandemia, se encuentran al albur de esas empresas", ha valorado.

Para el organismo, se trata de un suministro básico del que "nadie debería verse privado", de igual modo que "nadie puede sustraerse a su contratación, sea cual sea su nivel de ingresos o el rincón del país en el que vive".

"Toda reforma del sistema tarifario, del sistema de producción, distribución o comercialización debe tener en cuenta, pues, esta premisa", ha apuntado.

Para la UCC, "no es de recibo, ni justificado" el incremento del precio del megavatio que ha venido "batiendo récords de precios" sin que dicho aumento "se vea justificado por aumento del precio de producción o similar".

Tampoco cree que esté justificado que "los entes públicos que tienen la posibilidad de corregir dicha situación miran sistemáticamente a otro lado limitándose a bajar únicamente el tipo impositivo sin acudir a la raíz del problema y erradicarlo".

NACIONALIZACIÓN DE LA ENERGÍA

La Unión de Consumidores de Cantabria defiende la nacionalización de la producción energética eléctrica con la creación de una empresa pública cuyo objeto sea la producción y distribución de la misma "a un precio regulado, acorde con la producción y alejada de cualquier tipo de punto economicista y de lucro especulativo al que se acogen las empresas actuales y que ha llevado a ésta situación dramática".

Asimismo, propone la creación y asunción de esas facultades por parte de la nueva empresa eléctrica, que podría realizarse después de llevar a cabo la finalización de los actuales contratos de concesión con el fin de evitar cualquier obligación de indemnización adicional a las empresas oligarcas.

Por último, UCC urge que las entidades públicas competentes y el Gobierno de la nación afronten "de manera inmediata" medidas "cautelares" que supongan no solo la reducción o anulación de los impuestos derivados de la energía eléctrica sino la ampliación "con el mayor margen posible" del bono social con el fin que sus efectos abarquen a la mayor población posible.