Como explica el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press, el Comité de Empresa alegó la parcialidad del Ayuntamiento de Valladolid a la hora de decretar los servicios mínimos tras "asumir las conclusiones del informe técnico de la empresa" y ser, según el Comité, "parte interesada".

Sin embargo, la juez indica que la asunción del informe técnico de Auvasa "no trae consigo, sin más, la deducción de falta de imparcialidad de la autoridad gubernativa decisora", máxime cuando, como en el presente caso, "no existe ningún otro documento o informe técnico que lo contradiga".

En segundo lugar, el Comité de Empresa alegó falta de motivación, considerando abusivos los servicios mínimos decretados para el sector de conducción.

Aquí la magistrada indica que "se contiene una extensa motivación de la oferta de servicio efectiva de Auvasa y las consecuencias de la limitación de aforo de los autobuses impuesta para preservar la seguridad sanitaria en el servicio".

De este modo, como recuerda el Ayuntamiento en su nota, se cumple con las exigencias legales y jurisprudenciales de motivación, justificando los datos concretos en las medidas decretadas a consecuencia de la crisis sanitaria existente en el momento actual, e individualizándolos en atención a las características específicas del servicio de transporte urbano de la ciudad de Valladolid.

Sin embargo, la sentencia reprocha la "falta de motivación" para el resto de los sectores como inspección, administración o talleres de Auvasa, donde el Ayuntamiento recuerda, no obstante, que el seguimiento de la huelga "fue prácticamente nulo".