El Gobierno culpa a Putin y a la UE de la subida del precio de la luz, defiende que la escalada de los precios mayoristas de la electricidad no tiene una traslación "tan aparatosa" en la factura final y, aunque está en su deseo seguir tomando medidas "para limitar el impacto" a los consumidores medios y vulnerables, admite que no cuenta con una fórmula para actuar de inmediato, pese a que agosto acumula ya cuatro días consecutivos de récord de la factura de la luz. 

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, entrevistada en la Cadena Ser, ha defendido que el Gobierno ha hecho todo lo posible para sacar de la factura de la luz "elementos que la encarecían", como el impacto fiscal, y que ahora su objetivo es dibujar alternativas "a medio y largo plazo", tanto como insistir a Europa que acuerde una nueva regulación de la fijación del precio de la luz, porque no se corresponde con los tiempos que corren.

"Seguimos buscando" fórmulas para abaratar la factura de consumidores medios y vulnerables, ha dicho la ministra, pero no ha sabido identificar ninguna política que pueda ser viable en el corto plazo. 

Sí ha considerado Ribera que "la escalada de los precios mayoristas es muy aparatosa pero no tiene una traslación tan aparatosa en la factura final. A pesar de todo, en algunos consumidores sí que tiene un impacto, por eso hay que seguir fortaleciendo medidas para consumidores vulnerables y medios". A su juicio, la única vía posible actualmente es actuando sobre el tercio de la factura que sufraga los "costes históricos" que, según la ministra, impuso el PP en 1997 y hay que pagar "sea vía impuestos o vía factura".

La ministra ha explicado que su departamento dedica recursos "a financiar otras medidas como programas de autoconsumo, de eficiencia energética, que nos permitan depender menos del mercado mayorista y de los combustibles fósiles".

Preguntada por una intervención a corto plazo, ante la ola de calor y el cuarto récord consecutivo del precio de la luz, Ribera ha dicho: "Bueno, podemos intentar convencer a Putin de que bombee más gas en el mercado europeo o a la Comisión Europea de una política intervencionista los mercados de co2, pero eso no es realista".

¿Pulso de las eléctricas al Gobierno?

La ministra ha recordado que los que ahora se ven afectados por este encarecimiento de la luz, los de tarifa regulada, se han beneficiado durante años de un ahorro sistemático desde 2013 con respecto a los que están en el mercado libre. 

Con todo, se ha mostrado partidaria de apostar por reformar la factura regulada poniendo un fijo algo más alto para depender menos de la volatilidad y también de exigir cambios en la regulación de la fijación del precio de la luz a nivel europeo, algo que la Comisión Europea no es partidaria de acometer. Defiende Ribera, sin embargo, que "los consumidores deben beneficiarse ya de los precios renovables y no costear las energías fósiles que debe pagar por emisiones del Co2. La UE debe intervenir en el precio energético y el del CO2".

El Gobierno, según Ribera, achaca la situación actual a "turbulencias del momento" y "una regulación desfasada" en la fijación del precio de la luz, sobre la que el Ejecutivo no tiene margen de actuación. Además, la ministra ha asegurado que no le consta que las eléctricas estén haciendo un pulso al Gobierno. "Al menos no lo dicen abiertamente, pero nosotros debemos regular a favor del consumidor y de la economía española", ha asegurado.

Ribera ha señalado que la subida del precio de la energía eléctrica "no se resuelve con una movilización en la calle" y que el "desafío" es "encontrar soluciones políticas, después de que su socio de Gobierno Unidas Podemos anunciase oposición "en la calle" a lo que consideran un "saqueo" de las eléctricas con la factura de la luz.

El Prat solo se ampliará si cumple las garantía ambientales

En otro orden de cosas, la ministra para la Transición Ecológica ha explicado que la decisión de ampliación aeroportuaria de El Prat se ha tomado porque el aeropuerto está "al límite de sus capacidades", pero ha advertido de que "o cumple las garantías ambientales o no saldrá adelante".