"El caos de la DGT con los exámenes de conducir hace que más de dos millones de usuarios sigan a la espera" y, al ritmo actual, "se necesitaría cerca de tres años para solucionarlo con la plantilla de examinadores con la que se cuenta ahora", ha puntualizado la diputada regional del Partido Popular, Isabel María Sánchez Ruiz.

Ante el incremento de la demanda, Sánchez Ruiz ha recordado que "la DGT informó que iría incorporando, como máximo, 60 examinadores interinos para reforzar las 38 jefaturas de Tráfico de España", sin embargo, ha lamentado que "a Murcia le corresponde tan solo un examinador de esta nueva promoción de interinos, claramente insuficiente para cubrir las necesidades de los murcianos en lista de espera".

La 'popular' ha destacado que se trata de "una medida claramente insuficiente, por parte del Ministerio del Interior del Gobierno de Sánchez, que castiga, una vez más, a la Región de Murcia".

Sánchez Ruiz ha lamentado que "el sector de las autoescuelas de la Región de Murcia y, en general, de toda España, vive con enorme preocupación la dejadez de la DGT con los exámenes de conducir que, entre otras cosas, está afectando a muchos murcianos en la parte laboral porque que se quedan sin oportunidades de trabajo para incorporarse al mercado laboral o para poder presentarse a una plaza de oposición, por no poder examinarse a tiempo para obtener sus permisos de conducción".

La diputada del PP ha destacado que, con los datos del primer trimestre del año, "de 791 examinadores que había en 2020, 70 de ellos realizan labores de coordinación y 17 forman parte de la Subdirección General de Formación y Educación Vial, lo que reduce la cifra a 704 examinadores activos para realizar exámenes de conducción".

La 'popular' ha explicado que "la DGT obtiene sus ingresos a partir de las tasas que percibe de los usuarios que aspiran a los permisos de conducir, por adelantado, y de las multas que obtiene a partir de su función recaudatoria".

Al hilo, ha señalado que "en 2019, la DGT transfirió 622,3 millones de euros al Estado procedentes de tasas y multas y, lejos de dedicar parte de esos ingresos a aumentar la plantilla de examinadores y mejorar el servicio de exámenes a los usuarios, ésta se ha visto incluso disminuida en algunas jefaturas".