Según ha informado la Conselleria de Movilidad y Vivienda este viernes, por primera vez se ha llevado a cabo una operación conjunta entre diferentes organismos públicos con competencias en el control y vigilancia del dominio marítimo terrestre. La operación se ha desarrollado este miércoles 4 de agosto en el puerto y bahía de Sant Antoni de Portmany.

El objetivo de este ejercicio coordinado era controlar e inspeccionar las actividades irregulares relacionadas con la actividad mercantil de transporte de viajeros, así como el fondeo en zonas ilegales o la recogida de personas en puntos no habilitados. También se han realizado controles de documentación y permisos, así como de títulos habilitantes de los patrones.

Durante el transcurso de esta campaña se ha procedido a realizar el seguimiento y control de embarcaciones de diferentes tipos y se han iniciado 11 propuestas de sanción.

El dispositivo ha contado con la participación de dos inspectores de la Capitanía Marítima de Ibiza y Formentera; de la Guardia Civil, con una patrulla del Grupo Especial de Actividades subacuáticas, una patrulla PAFIF (Patrulla fiscal y fronteras) y una patrulla en tierra. También ha participado un técnico de la Dirección General de Transporte marítimo y aéreo del Govern, la responsable de Delegación de Costas para Ibiza y un equipo de Ports IB constituido por cinco guardamuelles y el jefe del puerto de Sant Antoni.

Esta iniciativa mancomunada responde a la detección de un incremento en las operaciones de chárter náutico ilegales que se dan en la bahía de Sant Antoni de Portmany. Este tipo de empresas hacen un uso indebido de la costa y utilizan de forma ilegal los muelles de las golondrinas para cargar y descargar clientes, provisiones y personal de limpieza.

Ante los buenos resultados de esta iniciativa conjunta, las administraciones podrían ampliar a diferentes puertos de Baleares las operaciones de este tipo con el objetivo de intensificar los controles sobre las actividades irregulares y evitar así la competencia desleal, el uso indebido de la costa, el fondeo sobre la posidonia y los vertidos incontrolados en toda la comunidad.

Según el Govern, esta actuación refuerza las líneas de control del sector del chárter náutico que la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo inició en el año 2019. Estos mecanismos de inspección son, por un lado, la realización de inspecciones 'in situ' a empresas del sector con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la legalidad en su actividad y, por otro lado, una revisión aleatoria de la documentación presentada en relación a las declaraciones responsables correspondientes a las embarcaciones destinadas al servicio de chárter.

En relación a las inspecciones 'in situ', las visitas de inspección consisten en la comprobación de la disponibilidad de la declaración responsable y la inscripción en el registro de empresas de chárter náutico, la posesión del certificado de navegabilidad en vigor, así como el despacho de Capitanía Marítima, la titulación náutica o varios certificados.

Durante estos controles también se ha comprobado la disposición de las embarcaciones de una zona de desembarque autorizado por la Demarcación de Costas.

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El Govern además ha recordado que en el transcurso de la última legislatura se llevaron a cabo actuaciones en relación al sector, como la aprobación del Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por el cual se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo.

La evolución del número de declaraciones responsables presentadas para operar charters náuticos contó con 2.888 solicitudes registradas en 2015 frente a las 1.313 registradas hasta julio de este año.

Por otro lado, en la Dirección General se creó una unidad formada por un técnico marítimo, dos técnicos jurídicos y un auxiliar administrativo. Desde su creación, el número de expedientes sancionadores incoados por la Dirección General en materias de su competencia han aumentado exponencialmente y a mitad de este año ya se ha superado el número de expedientes totales que se abrieron el año pasado.

Así, hasta finales de julio se habían incoado 25 expedientes frente a los tres incoados durante el 2015 o los 22 del 2016.