Serían extranjeros, anónimos, a los que se les pagaría por infiltrarse muy discretamente en fiestas ilegales para desmantelarlas. Serían los "detectives" a los que el Consell de Ibiza acudiría para controlar la covid-19, desatado en las islas precisamente por celebraciones clandestinas que no cumplen con las medidas de seguridad. 

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Es una de las ideas que se plantean en la isla, donde la incidencia supera los 1.800 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La intención es poner en marcha un servicio de investigación que detecte las fiestas ilegales, y a través del cual puedan abortarse en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Tal y como adelantó la semana pasada el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, la contratación de estos 'detectives' se haría a través de una empresa externa de rastreadores para infiltrarse y dar la voz de alarma de las fiestas ilegales. 

El plan es implantar el protocolo cuanto antes, con el objetivo de poder activar este servicio de rastreadores este mismo verano y acabar así con un "peligro sanitario" como son las fiestas ilegales que vienen motivadas por el "cierre del ocio nocturno". 

Según detalló Juan, estas fiestas no son un problema exclusivo de las viviendas turísticas, pero sí del "suelo rústico", aunque destacó que el problema más grave "no es el lugar donde se celebra la fiesta, sino la misma fiesta en si".

En cuanto a los organizadores de estas fiestas, el conseller señaló que son "piratas, en muchos casos, profesionales" que no repiten las mismas viviendas. "No hay duda de que hay una organización detrás, grupos organizados que mueven mucho dinero, son extranjeros y han venido de fuera", concretó.

Además, los clientes son captados en establecimientos turísticos y mediante las redes sociales y, según apuntó, si antes se pagaba la entrada en puerta, ahora se ha detectado el pago por adelantado y es cuando el cliente recibe la localización de la fiesta.

Otra de las propuestas que se plantean la posibilidad de cortar el suministro eléctrico de la vivienda en la que se celebra la fiesta ilegal. Aun así, el vicepresidente señaló que esta medida deberá analizarse "jurídicamente" para saber si es viable y poder elevarla al ejecutivo balear. El conseller arremetió contra el Govern balear, de quien ha dicho que los "han dejado solos" ante esta situación, y aseguró que no se puede aceptar que "se lave las manos" al ser un problema de la isla de Ibiza: "No es un problema turístico, es un problema sanitario", reiteró.