Ribera justifica que Sánchez permita vender el 22% de Naturgy a un fondo de Islas Caimán: "Bienvenida la inversión"

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
EFE
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Europa Press

La OPA del fondo IFM sobre Naturgy ya puede seguir adelante. Tal y como adelantó este diario, el Consejo de Ministros dio este martes su aprobación a una operación que, de concretarse, supondrá que más del 22% de la empresa energética recaiga en última instancia en manos de un fondo constituido en las Islas Caimán. No obstante, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió la decisión del Gobierno -que ha provocado el choque del PSOE con los ministerios de Unidas Podemos- recordando las "condiciones" a las que estará sometido el nuevo inversor y dando la "bienvenida" a la "inversión extranjera" siempre que cumpla esos requisitos.

Así se pronunció Ribera en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que compareció junto a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y en la que confirmó la autorización del Ejecutivo a esta OPA asegurando que la operación contaría "con todas las garantías y cautelas". La vicepresidenta hizo suyos los argumentos del informe con el que el Ministerio de Industria ha defendido dentro del Gobierno esta decisión, y señaló que la entrada de IFM en el accionariado de Naturgy garantiza una "inversión estable con vocación de permanencia".

La OPA del fondo constituido en las Islas Caimán -gestionado y controlado por una compañía australiana- "es probablemente una señal de confianza de los inversores en la economía española", planteó Ribera. No obstante, la vicepresidenta defendió que las condiciones impuestas al inversor suponen un mecanismo de control por parte del Gobierno, dado el "papel esencial" que Naturgy desempeña en el sector energético español y su posición como "operador crítico y clave" en un sector como el energético, ya de por sí estratégico.

Tal y como adelantó 20minutos, el Consejo de Ministros autoriza la OPA a cambio de que IFM apoye la inversión de Naturgy "en proyectos vinculados a la transición energética en España" y se comprometa a, en los próximos cinco años, mantener el domicilio social y la sede de Naturgy en España, así como "una parte significativa de la plantilla del grupo". Además, el Gobierno obligará al fondo a establecer una "política de dividendos prudente" que permita a Naturgy acometer inversiones vinculadas a la transición energética.

Se extiende el "escudo social"

El Gobierno, además, ha aprobado la prórroga hasta el próximo 31 de octubre del decreto destinado a prohibir los desahucios de familias vulnerables que vayan a quedar en la calle o el corte de los suministros de luz, agua y gas. Esa norma, que caducaba el 9 de agosto, seguirá prohibiendo desahuciar a las familias consideradas vulnerables por los servicios sociales, con una única excepción: que el arrendador sea un pequeño propietario y la comunidad autónoma facilite una vivienda alternativa al afectado. Si la administración no es capaz de realojar a la familia, esta debería poder quedarse en su residencia aunque no pueda pagarla, y en tal caso el Estado otorga al casero una compensación.

La protección es mayor si el arrendador es una empresa o un propietario de más de diez viviendas, ya que en ese caso la norma suspende automáticamente el desalojo si la familia acredita su vulnerabilidad. Unidas Podemos, no obstante, no ha conseguido que a partir del 9 de agosto ese pase a ser el criterio general a utilizar sea el arrendador pequeño o gran propietario, como era su deseo. La propuesta morada hubiera implicado prohibir todos los desahucios de familias consideradas vulnerables mientras no hubiera una alternativa habitacional real que fuera una vivienda.

Menos letra pequeña incluye el veto a cortar luz, agua y gas a las familias consideras vulnerables por los servicios sociales. El decreto prohíbe dejar sin suministros básicos a "aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social". "Para acreditar la condición de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras de gas natural y agua", señala el decreto, "bastará la presentación de la última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social de electricidad".

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