En concreto, desde el Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa se ha mantenido una entrevista online con Hadewich van Alst, investigadora de la consultora externa ICF, responsable de la evaluación de la Directiva. La consultora está manteniendo estos encuentros con los actores clave seleccionados con el objetivo de conocer la eficacia, eficiencia, coherencia y valor añadido que ha aportado la Directiva de Derechos de las Víctimas (Directiva 2012/29 / UE) a los países miembros y a las sociedades europeas.

El director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, ha destacado la elección de Navarra como actor clave en esta evaluación, y ha subrayado que “la experiencia de Navarra en el desarrollo de la mediación y la justicia restaurativa es siempre tenida en cuenta en los foros nacionales e internacionales en los que trabajamos, y ello se debe a muchos años de buen hacer en estas materias”.

Los resultados de la evaluación que lleva a cabo la comisión europea sobre esta directiva comunitaria se incorporarán a la revisión de dicha normativa, cuya trasposición al derecho español ha dado lugar al Estatuto de las Víctimas del Delito.

"Esta norma europea ha supuesto un importante acicate para las políticas de protección y atención a las víctimas, estableciendo unos derechos unificados en todo el continente", ha valorado el Gobierno de Navarra.

REVISIÓN DE NUEVAS NECESIDADES DETECTADAS

La Comisión Europea, al igual que el Gobierno de Navarra, aboga por evaluar las políticas públicas, "mejorando los servicios que se ofrecen a la ciudadanía mediante una adecuada revisión de la evidencia científica y las nuevas necesidades detectadas". Por ello, la consultora externa ICF contactó con la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra, dentro de su búsqueda de actores clave seleccionados, con el objetivo de recopilar una variedad de opiniones sobre la implementación práctica y las posibilidades de mejora de esta Directiva.

Durante la amplia entrevista online mantenida la semana pasada con Jorge Ollero, director del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, se hizo especial hincapié en la relación coste-eficacia del Servicio de Justicia Restaurativa, "que es considerablemente positiva pues la justicia restaurativa alcanzó el año pasado a más de 700 personas y permitió la indemnización económica y emocional a víctimas de delitos de lesiones, amenazas, hurtos o estafas, entre otros", ha resaltado el Ejecutivo foral.

La eficacia de este servicio es particularmente alta, alcanzándose acuerdos en un 67 por ciento de los casos. "Además, está avalado por la evidencia criminológica que los autores de estos delitos, cuando participan en un proceso restaurativo, mejoran sus capacidades de reinserción social, por lo que la reincidencia se reduce significativamente", ha destacado el Gobierno de Navarra.

"De esta forma, la justicia restaurativa representa una forma de hacer justicia en la que la sociedad al completo se beneficia, pues se reduce la conflictividad y se reafirma el cumplimiento de las normas", ha remarcado.

MEJORAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON "EVALUACIONES RIGUROSAS"

Rafael Sainz de Rozas ha señalado que “desde el Gobierno de Navarra trabajamos en la mejora de la legislación y de las políticas públicas basándonos en evaluaciones rigurosas y fundamentadas, y en coordinación leal con las políticas estatales y europeas, tal y como marcan los principios de buena regulación”.

“Por ello, las acciones que queremos tomar para potenciar la justicia restaurativa y la mediación en nuestra Comunidad están basadas en el exhaustivo análisis de necesidades plasmado en las Líneas Estratégicas del Modelo de Ejecución Penal, que fue presentado en el Parlamento de Navarra para su debate público”, ha indicado.

Fruto de esa apuesta, ”el alineamiento entre el Gobierno foral y el Ministerio de Justicia es total en esta materia”, ha valorado Sainz de Rozas. “Hemos participado activamente en la definición del modelo de promoción de los medios adecuados de resolución de controversias (mediación y arbitraje, entre otros), que el Ministerio de Justicia va a impulsar a través de la inminente Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia”, ha apuntado.