El Gobierno se reúne con la Generalitat entre críticas de la oposición por "premiar la deslealtad" y trato de favor

La mesa de negociación entre del Gobierno central y la Generalitat se celebrará la semana del 13 de septiembre. Es el principal acuerdo que este martes alcanzaron el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron en la Moncloa.
La mesa de negociación entre del Gobierno central y la Generalitat se celebrará la semana del 13 de septiembre. 

Tres años hace exactamente de la última reunión Gobierno-Generalitat. Fue el 1 de agosto de 2018, bajo la presidencia de Quim Torra y enmarcada en múltiples afrentas por parte del entonces president hacia el Estado y hacia la monarquía. Muy diferente será la de este lunes. Con un gobierno liderado por ERC que quiere imprimir un mayor pragmatismo en la gestión del Govern y con los líderes del procés recién salidos de prisión, la Generalitat pedirá al Ejecutivo "56 traspasos pendientes", pero no reivindicaciones de autodeterminación ni de amnistía, líneas rojas para el Gobierno central que los republicanos quieren dejar para la mesa de diálogo del próximo mes de septiembre. "No queremos mezclar las dos cosas", ha remarcado este lunes Laura Villagrà.

La reunión tendrá lugar a las 16.00 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial, que dirige Isabel Rodríguez y no estará exenta de polémica. La oposición e incluso algunos presidentes socialistas han criticado duramente este encuentro por lo que consideran un premio a la "deslealtad" del gobierno Catalán.

La delegación catalana, encabezada por el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró por parte catalana, acude a esta reunión con las ideas claras. "No queremos dejar pasar ni una", ha advertido horas antes del encuentro Vilagrà. En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha avanzado que la intención del Govern, el único que se ausentó en la Conferencia de Presidentes del pasado viernes, es "imprimir un ritmo de trabajo intenso" para poder tener los traspasos lo más pronto posible. Entre las cuestiones prioritarias para el Govern está la regulación catalana de alquileres de viviendas, el traspaso de recursos del Ingreso Mínimo Vital o la protección de la lengua catalana en el proyecto de ley estatal del audiovisual.

También espera concretar la transferencia de las becas, temas de formación sanitaria especializada, salvamento marítimo, inspección laboral y el traspaso de la titularidad patrimonial de edificios e infraestructuras, como la sede de la Jefatura Superior de Policía, en la Via Laietana de Barcelona. Además, el Govern reclamará la "deuda de 3.800 millones de euros" por los "incumplimientos continuados" de la disposición adicional tercera del Estatut, que prevé inversiones del Estado en infraestructuras en Cataluña, y más recursos para Cercanías.

Abordará el reparto de los fondos  pese a la negativa del Gobierno

El objetivo del Govern, ha explicado Vilagrà, es "calendarizar" los traspasos y "trabajar intensamente en los próximos meses" para hacerlos efectivos, teniendo en cuenta que, aunque "a menudo" se llega a "acuerdos políticos, el engranaje burocrático del Estado" ralentiza su materialización y es lo que quieren evitar. En la cita de esta tarde, la delegación catalana también pondrá sobre la mesa su propuesta de gestión y reparto de los fondos europeos, si bien Vilagrà ha reconocido que esta cuestión el Gobierno central quiere tratarla "en reuniones más multilaterales".

Para el Ejecutivo central, la Comisión Bilateral no es el foro en el que negociar los fondos europeos y sí lo son las reuniones bilaterales como la Conferencia de Presidentes celebrada el viernes y a la que no acudió el presidente catalán, justificando en el poco valor de dichos encuentros y su intención de tener contactos con el Gobierno únicamente de forma bilateral. 

La oposición, en contra de la mesa bilateral

La reunión de este lunes está siendo duramente criticada por parte de la oposición incluso antes de su celebración por lo que consideran un trato de favor hacia las comunidades más "desleales". “Sánchez castiga la lealtad de las CCAA y premia la deslealtad de la Generalitat”, ha recriminado esta mañana el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

En una entrevista en RNE, el dirigente popular ha denunciado la “agenda oculta de los encuentros con la Generalitat” y cree que la reunión de este lunes no debería celebrarse porque es una “ilegalidad manifiesta que quiere romper con la igualdad de los españoles”.

"Es una vergüenza que el Gobierno de España sucumba otra vez ante el chantaje separatista. No acuden a la Conferencia de Presidentes y Sánchez los premia con una reunión bilateral", ha criticado también el vicepresidente andaluz y líder de Ciudadanos en la comunidad Juan Marín.

Unas críticas que también se escucharon el viernes entre los presidentes autonómicos, incluidos los socialistas. "Debe de llegar un momento en que la multilateralidad de las relaciones sea una condición necesaria para la bilateralidad", expresó el aragonés Javier Lambán, en sintonía con otros barones como García Page.

Primera toma de contacto antes de la mesa de diálogo

La de esta tarde será un encuentro preliminar para "crear confianzas", tal y como ha reconocido Vilagrà esta mañana, antes de la mesa de diálogo que se celebrará en septiembre. Entonces sí se abordará una salida a la crisis territorial en Cataluña y de cara a esa cita los catalanes pretenden trabajar en otras cuestiones previas que les permitan presumir de esa "confianza" con el Gobierno. En los últimos días, las consellerías y los ministerios involucrados han hecho un trabajo previo para perfilar los posibles acuerdos en temas sociales, económicos, de infraestructuras, de conflictos de competencias y de protección de la lengua catalana.

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