En un comunicado, las dos organizaciones han explicado que el pasado 30 de abril se les "dejó fuera de la causa para determinar si hubo delito contra los derechos de los trabajadores en el caso del vertedero de Zaldibar", que se derrumbó el 6 de febrero de 2020 dejando sepultados a dos trabajadores. Zaldibar Argitu y Carta de Derechos Sociales presentaron, por ello, el 11 de mayo recurso contra esa decisión.

Sin embargo, según han lamentado, "ahora nos dicen nuevamente que no tenemos derecho a personarnos como acusación popular para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras", pese a que, a su entender, "jurídicamente no hay razones suficientes" para que sean "excluidos" del procedimiento.

Desde Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han señalado que "según el auto hay que acreditar un interés adicional especial, pero eso no está regulado así en ninguna ley". En esta línea, han insistido en que se trata de "un delito público" y, por tanto, "como ciudadanía tenemos derecho a presentarnos como acusación popular".

Los dos colectivos han denunciado que "detrás de este hecho, y de todo lo ocurrido en el vertedero de Zaldibar, hay muchas cosas sin aclarar". "Relaciones e intereses oscuros entre el Gobierno Vasco y las empresas privadas, violaciones de derechos y seguridad de los trabajadores, actuaciones contra el medio ambiente... Y ante lo ocurrido, nadie asume responsabilidades; ni la empresa, ni el Gobierno Vasco", han advertido.

ACUSACIÓN POPULAR "FUERTE"

Por ello, consideran "imprescindible tener una acusación popular fuerte". En su opinión, "precisamente por eso nos quieren dejar fuera, porque no tienen ningún interés en aclarar lo que realmente pasó".

En todo caso, han insistido en que los movimientos que integran la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y Zaldibar Argitu seguirán "luchando por el esclarecimiento de ocurrido en Zaldibar".