El Tribunal de Cuentas reclama a UGT 9,7 millones de euros por irregularidades en los ERE de Andalucía

  • La investigación del Tribunal de Cuentas sobre este asunto lleva abierta una década.
Sede de UGT, logo de UGT, Unión General de Trabajadores
Imagen de archivo de una sede de UGT.
EUROPA PRESS - Archivo

El Tribunal de Cuentas reclama a UGT 9,7 millones de euros por irregularidades en la tramitación de expedientes de regulación de empleo, ERE, de la Junta de Andalucía.

La decisión del Tribunal es un varapalo para la organización sindical, que prepara ya un recurso. La ejecución de esta decisión podría suponer el bloqueo de las cuentas bancarias de UGT y de sus fuentes de ingresos.

La investigación del Tribunal de Cuentas sobre este asunto lleva abierta una década y ha concluido con la adopción de una liquidación provisional que pretende garantizar que la central sindical haga frente a posibles responsabilidades contables derivadas del proceso. Los posibles pagos sólo se harían efectivos cuando haya una sentencia firme pero, mientras tanto, los fondos o avales quedarán bloqueados.

El Tribunal ha llegado a la conclusión de que las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía no se gestionaron correctamente para cumplir con el objetivo de suavizar las consecuencias de los ERE sobre los trabajadores que perdieron su empleo y no podían reengancharse al mercado laboral.

Pero lo cierto, según el Tribunal, es que de esas ayudas no solo se beneficiaron personas afectadas por expedientes de regulación de empleo sino también a personas que "no reunían las condiciones exigidas" para recibir estas subvenciones.

De la cantidad total reclamadas por el Tribunal de Cuentas, alrededor de 2,5 millones de euros deberán ser satisfechos de forma conjunta y solidaria con a la Federación Minerometalúrgica de CC OO.

El Tribunal de Cuentas se encuentra en funciones ante la imposibilidad de un acuerdo entre el PSOE y el PP para su renovación. Mientras tanto continúa con su labor fiscalizadora y ha tomado decisiones de calado como la imposición de una fianza de 5,4 millones de euros a exresponsables de la Generalitat de Cataluña por su actividad en el extranjero.

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