Así, Pérez ha afirmado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que "llama la atención que algunas de estas decisiones -adoptadas por el Ejecutivo canario- han sido consensuados con los sectores afectados" que han recurrido a los tribunales, en relación a la petición del certificado Covid en establecimientos.
El portavoz del Gobierno de Canarias ha hecho esta valoración tras conocer a través de la prensa el auto del TSJC y ha indicado que las alegaciones del Ejecutivo regional buscarán defender que la "decisión adoptada está fundada en derecho", al tiempo que ha señalado que "parece que el derecho a la intimidad no puede entenderse lesionado al pedir un certificado", ya que donde se exige "son actividades voluntarias".
El Gobierno canario defiende que las medidas adoptadas son "proporcionales" al ritmo al que camina la pandemia en las diferentes islas, intentando adelantarse, según ha matizado el propio consejero de Sanidad del Ejecutivo regional, Blas Trujillo.
Asimismo, agregó, que desde que se decidió utilizar el certificado Covid se ha producido un "incremento claro" de las personas que han accedido a ir a vacunarse sin cita, puntualizando que "no" habla precisamente de las personas más jóvenes, que "están respondiendo de una manera ejemplar".
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