El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalado este jueves por unanimidad a través de un dictamen el decreto de la Generalitat para crear el fondo para contra avalar las fianzas requeridas por el Tribunal de Cuentas con el aval del Institut Català de Finances (ICF),  para cubrir las fianzas por valor de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat por la promoción del 'procés' en el extranjero con dinero público. Eso sí, recomienda que la actuación del ICF sea "excepcional" y "muy limitada en el tiempo", ya que afectaría al objetivo con que fue creado. 

El dictamen, una petición de PSC, Cs y PPC, aconseja, sin embargo, modificar el artículo 4.7, el artículo 5 y la disposición transitoria del decreto, que hace referencia a que si no se consigue que una entidad financiera se haga cargo de los avales, sea el Institut Català de Finances (ICF) quién avale esas fianzas. 

El pleno del Parlament votará este jueves a partir de las siete de la tarde la convalidación del decreto de la Generalitat para crear el fondo.

Este miércoles, la Fiscalía Superior de Cataluña acordó abrir diligencias a raíz de la denuncia que presentó Cs por la concesión de avales por parte del Institut Català de Finances, pero ordenó investigar solo a la junta de gobierno del ICF, puesto que los miembros del Govern ya han sido denunciados en paralelo por Vox ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dada su condición de aforados. 

El martes, el Tribunal de Cuentas pidió un informe urgente a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales del ICF.

"El decreto es una manifestación de la competencia de la Generalitat y la capacidad que tiene de proteger sus servidores públicos (...) con el fin de otorgarlos cobertura jurídica y económica suficiente para hacer frente a los requerimientos administrativos y judiciales provisionales, previa existencia de una resolución firme", expone el Consejo de Garantías.

Asimismo, descarta descarta que con el decreto sea la Generalitat quien asuma la responsabilidad contable. El dictamen apunta que, si se confirma la sentencia firme, los investigados tendrán que devolver el dinero a la Generalitat, y abonar también los intereses: "No constatamos ninguna exención ni disminución de la responsabilidad personal de los afectados, puesto que si se confirma la responsabilidad compatible a ellos los corresponderá hacer frente al pago", concluye.

El órgano aclara que al ICF se le pueden añadir nuevas funciones siempre que se preserve "el principio de jerarquía normativa", algo que puede hacer el Govern con el decreto aprobado ya que tiene el rango legal para ello.

En lo que respecta a la seguridad jurídica del decreto, el CGE cree que no vulnera el artículo de la Constitución que lo regula, aunque apunta que la redacción del texto de la Generalitat no resulta "del todo precisa", ya que las responsabilidades de los beneficiarios del fondo no estarán determinadas por el TC o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).