El Gobierno terminará el curso político dejándose dos de las principales asignaturas pendientes para septiembre: la ley de vivienda y la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Este miércoles se celebraron reuniones de las mesas negociadoras de ambos asuntos, pero en los dos encuentros se consiguieron escasos o nulos avances y se constató que las posiciones se mantienen enquistadas. Las conversaciones siguen adelante, pero no hay fecha para nuevas reuniones y el parón veraniego implica que, casi indefectiblemente, la ley de vivienda y la reforma laboral seguirán protagonizando choques en el Gobierno a la vuelta de las vacaciones.
El encuentro que mantuvieron la patronal y los sindicatos con el Ministerio de Trabajo fue el último que tendrán hasta septiembre, y en él apenas se consiguieron algunos acuerdos de carácter técnico. No hubo prácticamente ningún avance en lo relativo al principal asunto que está dilatando las conversaciones: la limitación de la temporalidad, que la CEOE rechaza en los términos que propone el Ministerio liderado por Yolanda Díaz, que busca reducir a tres los tipos de contrato y limitar la modalidad temporal a una serie de supuestos muy tasados.
La patronal, los sindicatos y Trabajo estuvieron debatiendo en torno a la última propuesta realizada por Díaz, presentada hace un par de semanas y que ya entonces no consiguió el apoyo de la CEOE. La patronal ha tachado las últimas propuestas de Díaz de "marxistas" y se ha opuesto frontalmente a un texto que, asegura, demoniza la contratación temporal y la tacha de precaria cuando no tiene por qué serlo. Y, aunque fuentes del Gobierno quitan hierro a esta oposición y se centran en que los empresarios no se han levantado de la mesa, lo cierto es que su rechazo a lo que propone Trabajo es férreo.
El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguraba este mismo miércoles en una entrevista que "sólo desde una posición puramente ideológica se puede llamar precariedad a la temporalidad", y sostenía que "los grandes almacenes pueden llegar a tener 6.000 personas trabajando en la temporada de verano o en Navidad, y eso no significa que no tengan un trabajo digno o que estén en precario"
Garamendi fue claro: la patronal, dijo, no tiene "la obligación de firmar lo que le pongan delante", y la propuesta de Díaz "es inaceptable". "Nosotros sólo llegamos a acuerdos si son buenos para el país, si el Gobierno y el Ministerio creen que es bueno tirar para adelante sin nosotros, que lo hagan, pero en Europa no les va a ir bien", retó. E insistió en que la CEOE considera que Díaz "pretende aplicar políticas marxistas, alejadas de la realidad española" y está "pisando líneas rojas" con un planteamiento en el que "todo es regulación e intervencionismo".
Quinto mes de retraso en vivienda
El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a poner en marcha los cambios en la reforma laboral antes de que termine 2021, por lo que en septiembre aún tendrá unos meses de margen para alcanzar un pacto con patronal y sindicatos. Por el contrario, la negociación de la ley de vivienda acumula ya cinco meses de retraso con respecto al acuerdo inicial firmado en octubre del año pasado por PSOE y Unidas Podemos. Y en este asunto son los dos socios de coalición los que no se ponen de acuerdo con respecto, fundamentalmente, a una cuestión: la regulación de los precios del alquiler.
La nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se reunió este miércoles por primera vez con su homóloga de Derechos Sociales, Ione Belarra, para retomar las negociaciones. Pero ese primer encuentro solo sirvió para constatar que las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos en lo relativo a la regulación de los alquileres siguen en el mismo punto, ya que los socialistas siguen negándose a bajar por ley los precios y los morados tampoco se mueven de su posición.
Sánchez no ha variado ni un ápice la última propuesta realizada por su antecesor, José Luis Ábalos: dar la posibilidad a comunidades y ayuntamientos de congelar los precios del alquiler en zonas tensionadas, aunque con la posibilidad de que los propietarios puedan incrementar el precio hasta en un 10% cuando firmen un contrato con un nuevo inquilino. Unidas Podemos, por su parte, sigue exigiendo ir más allá de la mera congelación y establecer límites de precios que obliguen a bajar los alquileres que ya existen actualmente.
En la formación morada se contempló con cierta esperanza el nombramiento como ministra de Sánchez, que en su anterior etapa como alcaldesa de Gavà redujo por ley el precio de los arrendamientos. Pero la nueva titular de Transportes rechaza extender esa posibilidad a escala estatal, y aunque PSOE y Unidas Podemos se han comprometido a seguir negociando, fuentes de Transportes confirman que no se ha acordado la fecha de la próxima reunión. Además, en el Gobierno se asume que la ley de vivienda será un asunto clave en la negociación para diseñar los Presupuestos Generales del Estado que comenzará esta semana entre ambos socios de coalición.
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