El Ejecutivo autonómico solicitó el pasado viernes la autorización judicial para restringir la movilidad nocturna en dichas localidades donde se superaba la incidencia acumulada media de la comunidad, situada en 448 casos por 100.000 habitantes en una semana.

El TSJA argumentó su negativa al alegar que "entre tanto el Tribunal Constitucional no resuelva la cuestión de inconstitucionalidad 6283/2021, admitida por providencia de 16 de febrero de 2021".

Por su parte, el Gobierno aragonés aceptando la decisión del TSJA, ha insistido en que es la mejor medida para afectar lo menos posible a la economía de estas zonas, en su mayoría turísticas. Por ello, han acudido al Tribunal Supremo.

Además, este martes el presidente del Gobierno de la región, Javier Lambán, ha defendido esta restricción y ha recordado que en otras comunidades autónomas, como Cantabria, Navarra o Valencia, los tribunales superiores de justicia han dado su autorización para ejecutar esta misma medida.