Tras reunirse con la presidenta de Atradigra, Beatriz Navascués, y con su tesorero y miembro de la Junta Directiva, Manuel Moratalla, la diputada provincial de Podemos ha puesto de manifiesto la necesidad de "establecer medidas adecuadas al objeto de atender las reivindicaciones del personal afectado, reducir la temporalidad y favorecer la transición a la contratación indefinida".

Para Durán, la citada resolución del tribunal europeo "no deja lugar a dudas" y "sienta un precedente que obliga, con carácter prioritario, a revisar cada una de las relaciones laborales temporales a fin de encontrar una fórmula óptima que, respetando la legalidad, permita regularizar las situaciones de abuso".

En este sentido, la dirigente de Podemos ha explicitado su preocupación ante una problemática que perjudica a un colectivo que ha sido "maltratado" por las administraciones públicas y al que "el Gobierno de coalición tiene la obligación de ayudar", y ha recordado que "estos casi 700 trabajadores y trabajadoras, que representan algo menos del 50 por ciento de la plantilla, son también los mismos que durante toda la pandemia han trabajado para garantizar el interés general de todos los granadinos".

Por tanto, ha subrayado, "hacer justicia con ellos es también garantizar la eficiencia de nuestro sector público aprovechando la experiencia profesional de todas estas personas".

En su opinión, este escenario "exige una actitud prudente que necesariamente pasa por evaluar la situación en el conjunto de las medidas estructurales que deben llevarse a cabo para cumplir compromisos con Europa y ofrecer una respuesta eficaz".

En relación a la convalidación del Real Decreto-ley 14/2021, Duran ha declarado que "aunque nos parecía que no se estaba siendo justo con los colectivos, desde Unidas Podemos hemos conseguimos avances importantes como, por ejemplo, que las pruebas no sean eliminatorias o que solo haya concurso de méritos si la persona lleva diez años".

Así, ha destacado los importantes avances que supone este paso y ha abogado por que durante el proceso de tramitación del Real Decreto se concreten los cambios necesarios para que el texto final resulte lo más incluyente posible.

"Desde nuestro punto de vista, solamente haría falta voluntad política de reformar los textos legales correspondientes para que se pudiera encajar en nuestro ordenamiento jurídico la propuesta de fijeza que demanda buena parte del colectivo de interinos, algo a lo que, desde luego, nosotras no renunciamos", ha cerrado Durán.