El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, va a proponerle al de Justicia, encabezado por la recién llegada Pilar Llop, el endurecimiento del castigo a aquellos ciudadanos que cometan un delito de atentado contra los agentes de la autoridad (policías y guardias civiles). Así se lo ha comunicado el departamento de Interior al Sindicato Unificado de Policía (SUP) y a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que comenzaron con esta reivindicación hace pocos meses.

En la carta enviada a ambas agrupaciones, a la que ha tenido acceso 20Minutos, la directora de Gabinete del ministro, Susana Crisótmo, asegura que es "oportuno" trasladar la propuesta para que se tenga en cuenta para una "eventual reforma del Código Penal". Explica Crisótomo que es una idea "de gran incidencia" en el desarrollo del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Se facilita el desarrollo de sus misiones generales, basadas en cumplir y hacer cumplir la ley, en proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades y en garantizar la seguridad ciudadana", expone.

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En la actualidad, el atentado contra agentes de la autoridad viene recogido en el artículo 550.2 del Código Penal y está castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra policías o guardias civiles. En los demás casos (funcionarios públicos), la pena contemplada es de seis meses a tres años.

Eso sí, todavía se desconoce cuánto aumentará el castigo y cuándo se llevará a cabo. Y es que, al ser preguntadas por 20Minutos, fuentes del Ministerio del Interior han declinado avanzarlo y se han limitado a exponer que "no comentan comunicados de los sindicatos policiales". En todo caso, la medida tardaría en tramitarse unos meses, pues supondría la modificación del Código Penal, para lo que el Gobierno debería contar con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados (176 diputados).

Con todo, tanto desde SUP como desde AUGC celebran la disposición de Marlaska, con quien han tenido no pocos roces en los tres años que lleva en el cargo. Entre otros, por la -todavía no conseguida- equiparación salarial entre ambos cuerpos, por la sanción a un policía por quejarse de la comida en un traslado o por la forma de afrontar la batalla contra las fiestas ilegales.

"Poco a poco vamos perdiendo el principio de autoridad y hay que endurecer un poco las penas para que ese respeto no se pierda del todo", expone en declaraciones a este diario el portavoz nacional del SUP, Carlos Morales. Según opina, en ocasiones sale "muy barato" agredir a policías, pues "depende del juez" el castigo puede ser "una simple multa o ir al juzgado cada 15 días".

Por su parte, el portavoz de AUGC, Pedro Carmona, incide en la "necesidad" de que se acometa esta reforma legislativa para "ofrecer una respuesta más adecuada a este tipo de ilícitos penales". "Así seguimos el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, para que los guardias civiles tengan mayor protección y garantías jurídicas en el ejercicio de sus funciones", concluye.

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Los policías serán indemnizados sí o sí

Además de el refuerzo de las penas anteriores, el Sindicato Unificado de Policías presume también de otro de sus logros recientes. Y es que, el pasado 30 de junio, el Tribunal Supremo estableció a instancias de los servicios jurídicos de la asociación que los agentes que sean agredidos deberán recibir indemnización si son agredidos y que la misma no está incluida en el complemento específico de riesgo, tal y como argumentaba la Abogacía del Estado.

La sentencia del Alto Tribunal se refería a un caso en el que el condenado se declaró insolvente para no pagar a un policía al que agredió. Así, se ratificó la condena del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que había obligado al Estado a pagar 14.760 euros más intereses a un agente en Oviedo por las heridas sufridas en la Nochebuena de 2013 por su agresor, que nunca abonó esta cantidad.