Según el dossier presentado este martes por el Ayuntamiento de Palma, una parte de los expedientes están relacionados a molestias por ruidos, ya sea entre vecinos, por la actividad municipal -limpieza o camiones de basura- o por la empresarial, "sobre todo de bares y restaurantes".

"Palma sigue siendo una ciudad muy ruidosa y no es fácil acabar con el ruido que perturba el derecho al descanso o la tranquilidad de los vecinos", ha explicado la defensora.

La demora en las respuestas del Ayuntamiento, "que no es lo mismo que la demora en las soluciones", ha sido otro motivo del aumento de reclamaciones, sobre el que Moilanen ha recalcado el derecho del ciudadano a recibir una respuesta a su demanda, "independientemente del contenido".

El retraso en las tramitaciones administrativas, la suciedad en las calles, aceras y cercanías de contenedores, solares municipales o parques públicos, así como las deficiencias del estado de las infraestructuras de dominio público, "a veces grave", son otras de las exigencias más comunes.

Concretamente, destaca el informe, a lo largo de 2020 se han admitido a trámite 115 expedientes relacionados a una "evidencia razonable" de vulneración de los derechos de la ciudadanía.

Además, se han atendido 342 expedientes IMA, sobre los que la Oficina ha señalado como culpable del aumento a la falta de un Síndic de Greuges autonómico y de un Delegado de Protección de Datos.

A estos, se suman otros 14 relacionados con la intervención de la Defensora de dar traslado a las áreas competentes y garantizar que los informes se gestionen correctamente y otros tantos remanentes de años anteriores.

RESTO DE LA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA DEFENSORA

Según la Memoria, se han contabilizado un total de 222 encuentros de la defensora con asociaciones de vecinos, entidades y demás administraciones, además de 380 entrevistas con la ciudadanía a lo largo de 2020.

Además, la mayoría de las peticiones -canal de entrada de los casos- se hicieron de manera presencial, ya que la ciudadanía "necesita poner su situación en conocimiento de la defensora en persona". Sobre esto, el informe afirma que, en 2020, algo más del 30 por ciento de las reclamaciones se hicieron vía Internet.

Por lo que respecta a los tiempos de respuesta, un 34 por ciento todavía siguen pendientes, aunque prácticamente el 60 por ciento de los informes se responde en menos de tres meses.

"Además de la complejidad de los casos, hay que tener en cuenta que a la mayoría de áreas le faltan medios o el procedimiento de obtención de la información es complejo", han insistido.

La Memoria señala también que más de un 60 por ciento de los expedientes recogidos en 2020 se resolvieron a favor de la ciudadanía y un 13 por ciento fueron en consideración sin agravio.

Por su parte, las áreas más implicadas en las reclamaciones fueron Policía Local, seguida de Urbanismo, Sanidad, Emaya, Infraestructuras, Bienestar Social, Tributaria y Hacienda, Medio Ambiente e Interior.

CONCLUSIONES DE LA MEMORIA

Sobre los datos plasmados en la Memoria de 2020, la defensora ha concluido que la Oficina es percibida por la ciudadanía como "una institución de confianza en última instancia para la solución a sus problemas".

Además, los datos reflejan que, en contexto de la pandemia, ha aumentado la diversidad y tipología de las reclamaciones, "pero los motivos de fondo son los mismos".

Por todo ello, la defensora ha reconocido el trabajo y esfuerzo de todo el Consistorio y del área de Seguridad Ciudadana para velar por el cumplimiento de las medidas COVID-19, entre otras funciones.

Por último, Moilanen ha reconocido que el desbloqueo del presupuesto "sigue siendo una cuestión sin resolver" y que la Oficina "sigue bloqueada" porque no se le adjudica ninguna competencia.

"Sin una pronta solución, estas situaciones limitan la actividad de la defensora y hace imposible el planteamiento de los proyectos independientes", han concluido el informe.