Este martes por la mañana estaba previsto el tercer intento de desahucio de Mimi y sus dos hijas, una familia vulnerable que vive en el número 29 de la calle Begur, en el barrio de Sants de Barcelona. Para intentar evitarlo, el Sindicat de Llogateres ha convocado una concentración en la puerta a partir de las 8:45 horas, a la que ha acudido aproximadamente una cincuentena de personas, y que finalmente ha conseguido aplazar el desalojo, que ahora está con fecha abierta y previsto para, al menos, el mes de septiembre.

Alrededor de las 9:30, la comitiva judicial se ha personado en el lugar y miembros del sindicato han intentado mediar para detener el desalojo por la situación de vulnerabilidad de la familia. Finalmente, los concentrados han logrado detener el desahucio. "Lo hemos conseguido. Han decidido dejarlo con fecha abierta, pero ya de cara a septiembre. Esto significa que la lucha continúa en septiembre", ha dicho Mimi, dirigiéndose a los concentrados en la calle.

Ahora, pide una alternativa habitacional viable para ella y sus dos hijas: "Hemos pedido que se pongan las pilas. Es muy difícil vivir esta situación, volver una cuarta vez, si las administraciones no buscan una solución".

“Se vio obligada a ocupar"

Mimi sufre una enfermedad del sistema inmunitario y una discapacidad de segundo grado que le provoca problemas de movilidad, por lo que recibe una pensión de 356 euros mensuales. Su hija menor también sufre una discapacidad y, la mayor, de 18 años, combina el trabajo de monitora de comedor con sus estudios universitarios. 

Sindicat de Llogateres

“Se vio obligada a ocupar para no dejar a sus hijas sin un techo”, aseguraron fuentes del Sindicat de Llogateres a este diario. “Cuando abrieron el piso, lo encontraron en un estado lamentable, ya que hacía años que no vivía nadie en él, y tampoco iba nadie a conservarlo. Así pues, lo arreglaron para darle unas condiciones que lo hicieran habitable y agradable”.

Aún así, Mimi lleva meses pidiendo a la propiedad pagar un alquiler social para seguir viviendo en este piso, y quedarse en el barrio donde nació. La vivienda está a nombre de la empresa Gaos Global S.L., que forma parte de un entramado de empresas inmobiliarias y otros negocios dirigidos por un odontólogo con diversas clínicas dentales, quien no habría querido sentarse a negociar, según la versión del sindicato.

El Ayuntamiento de Barcelona sí ha ofrecido una alternativa habitacional a esta familia, pero es “temporal y fuera del barrio”, hasta que se les asigne alguna vivienda de la Mesa de Emergencia; una opción que ven inviable dada su situación de vulnerabilidad: “A ella le da mucho miedo todo lo que implicaría salir del barrio. A pesar de tener su discapacidad y su enfermedad, en el barrio se siente segura, y consigue valerse gracias al tejido vecinal que tiene. Aquí todos la conocen". 

"Además, la hija pequeña va al colegio de educación especial de al lado de casa, y la madre tiene problemas de movilidad y no puede caminar mucho”, explicaron desde el Sindicat de Llogateres, durante un acto de soporte a la familia de Mimi que celebraron el pasado jueves.

Durante ese acto, vecinos y vecinas del barrio de Sants presentaron un manifiesto firmado por una veintena de entidades donde pedían que se detuviera el desahucio de Mimi y su familia, y también se exigía a la Generalitat y a Pere Aragonès que no envíen a los antidisturbios, tal y como prometió justo antes de ser investido.