Castilla y León y Galicia, ambas gobernadas por el PP, sellaron ayer una voz única de cinco millones de habitantes para que el dinero se reparta entre las autonomías «sin privilegios» y en base a lo que cuesta prestar un servicio y no en función de la población, argumento que beneficia a las más pobladas.

Este es el contenido de la declaración firmada ayer en en Valladolid entre los presidentes de la Junta, Juan Vicente Herrera, y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, durante la primera reunión oficial de ambos tras la llegada del presidente gallego al cargo.

«No queremos que unos pierdan y ganen otros o que los que ganen sean a costa de los que pierden», afirmaron en una rueda de prensa en la que expresaron la preocupación por cómo lleva a cabo el Gobierno la negociación, informa Ical.

El presidente de la Junta recalcó que la reforma del modelo debe servir para que todas las comunidades mejoren su financiación, pero no a costa una de otra, y prometió firmeza en la defensa de los intereses de Castilla y León.

En concreto, y según el Estatuto de Autonomía, a la región le beneficia que se tengan en cuenta la extensión del territorio, la dispersión y el envejecimiento de la población.

Es decir, no cuesta lo mismo, por ejemplo, la atención sanitaria en la ciudad que en el medio rural, ya que hay que sumar el coste de trasladar los pacientes a los hospitales.

«Iremos y seremos los últimos en levantarnos del Consejo de Política Financiera (previsto para la próxima semana), incluso sí hay que decir que no», declaró el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

El documento firmado ayer es similar al que Castilla y León suscribió en julio de 2008 con Asturias.

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