El Tribunal de Cuentas decidirá en dos días si acepta los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) que han presentado una treintena de ex altos cargos del Govern a quienes reclama fianzas por valor de 5,4 millones de euros mientras investiga si promocionaron el procés en el extranjero con dinero público.

Aunque el plazo inicial para liquidar las fianzas expiraba ayer miércoles, el organismo administrativo ha acordado conceder un plazo improrrogable de dos días después de que 29 de los encausados, según fuentes de la conselleria de Economía, hayan presentado esta mañana los avales del ICF por vía telemática.

Fuentes del organismo fiscalizador han apuntado que esas comunicaciones constituyen un mero anuncio, por lo que se ha dado un plazo extra para dar tiempo a que la documentación original en papel, que los investigados han mandado por vía urgente, llegue a su destino.

La demora en la presentación de los avales tiene su origen en la incapacidad del Govern para encontrar a un banco que asumiera los avales que se facilitaran a través del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat.

El ejecutivo de Pere Aragonès creó ese fondo hace unas semanas con la idea de que funcionara como un seguro privado y que fuera una entidad financiera quien avalara las fianzas, con un contraval de la Generalitat canalizado a través del ICF.

El decreto mediante el cual se creaba el fondo contemplaba que, en ausencia de una entidad financiera, fuera el ICF quien presentara el aval, con el contraval del fondo, que tiene una dotación inicial de 10 millones.

El conseller de Economía, Jaume Giró, dijo que no se activaría este mecanismo para no poner en "peligro" a los trabajadores del ICF, pero 24 horas después, tras un episodio de tensiones entre los socios de Govern de ERC y JxCat, anunció que se activaría el organismo autonómico.

Tras el cambio de criterio del Govern, 29 de los 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas decidieron acogerse al mencionado fondo, según fuentes de la conselleria de Economía, y esta misma mañana han formalizado ante notario los avales otorgados por el ICF.

Según fuentes del organismo administrativo, cuatro de los encausados han rehusado el auxilio de la Generalitat y han optado por pagar las sumas requiridas o asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal.

Esa última opción también la contemplan como plan B algunos de los exdirigentes que se han acogido al fondo de la Generalitat, en caso de que el Tribunal de Cuentas rechace los avales del ICF.

Para facilitar ese movimiento llegado el caso, la Caja de Solidaridad independentista ha abonado más de un millón de euros ante el Tribunal de Cuentas en concepto de intereses sobre las multas de la consulta del 9N.

Ese depósito permitirá que se levante el embargo sobre propiedades de mayor valor que habían aportado algunos de los afectados por la causa del 9N, como el expresidente Artur Mas.

Una vez libres, estas propiedades podrían servir de garantía para cubrir las nuevas fianzas que exige el Tribunal de Cuentas.

"Es un decreto sólido jurídicamente y, por tanto, no debería haber ningún motivo para que no se aceptara"

Con todo, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha confiado en que se acepten los avales: "Es difícil que podamos hacer futuribles sobre cuál será la respuesta del Tribunal de Cuentas en su manera de actuar y su marco mental. Pero es un decreto sólido jurídicamente y, por tanto, no debería haber ningún motivo para que no se aceptara", ha dicho.

También la presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, Mònica Roca, ha respaldado los avales del ICF porque, en su opinión, es "coherente" que la entidad financiera pública de la Generalitat formalice este aval, dado que ningún banco se ha prestado a ello "porque tienen miedo a la represión".

Han enviado la documentación original en papel por mensajería urgente

La treintena de encausados por el Tribunal de Cuentas que se acogieron al fondo del Govern han presentado este jueves por vía telemática los avales del Institut Català de Finances (ICF), que han recibido durante la mañana, y han enviado la documentación original en papel por mensajería urgente.

Según han informado fuentes jurídicas, esta misma mañana los exaltos cargos a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros de fianza por la promoción del "procés" en el extranjero han formalizado ante notario los avales otorgados por el ICF a través del Fondo Complementario de Riesgos creado por el Govern.

Aunque el plazo fijado por el Tribunal de Cuentas para las fianzas vencía ayer, los encausados no han podido presentar los avales hasta esta mañana, por vía telemática, puesto que el ICF no había iniciado los trámites para formalizarlos. 

Finalmente, este jueves, la delegada instructora del Tribunal de Cuentas ha dado dos días más de plazo a los excargos del Govern para presentar la documentación, lo que no quiere decir que admita esta forma de pago, un asunto que deberá estudiarse.

En la causa figuran los principales líderes del 'procés', entre ellos, los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, y el exvicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras.

En una entrevista en SER Catalunya, Artur Mas ya advirtió ayer de las "altísimas probabilidades" de que el Tribunal de Cuentas rechace esa opción con la "excusa de que, como es un banco público que pertenece a la Generalitat, esta no puede directamente cubrir con un aval" a las personas encausadas.

No se ha iniciado ninguna providencia de embargo

No se ha iniciado por el momento ninguna providencia de embargo, según ha informado este órgano mediante un comunicado. El Tribunal de Cuentas ha aclarado que cuando el delegado instructor dicta una providencia de embargo, ello no significa que, de producirse después del plazo estipulado para el afianzamiento, no admita fianza o depósitos. Esto quiere decir que, tras estudiarlos, puede aceptarlos y no ejecutar finalmente el embargo a los afectados por el expediente.

Añade que tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Su objetivo es el garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.