El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, por carta que reforme su decreto para obligar a usar la mascarilla de nuevo al aire libre antes de su convalidación este miércoles en el Congreso de los Diputados. Además, le ha reclamado que dote de medidas con "seguridad jurídica" a las comunidades para limitar la movilidad nocturna y restringir el número de personas que se pueden agrupar.

Sánchez promete que la mitad de los españoles tendrán la pauta completa de vacunación la próxima semana

Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en una comparecencia celebrada este martes ante los medios de comunicación en Vitoria tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Concluido el encuentro, el propio Lehendakari ha informado a sus consejeros que este pasado lunes remitió a Sánchez una misiva en la que le transmite su preocupación por los efectos que el Real Decreto del pasado 24 de junio sobre la flexibilización del uso de la mascarilla "han tenido", ya que en "muchos casos" ha conllevado que se haya dejado de utilizar, "aunque no fuera ese el objeto" del texto que aprobó el Ejecutivo del Estado.

Ante el hecho de que el decreto vaya a ser ratificado este miércoles en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados ha propuesto al presidente del Gobierno que modifique del texto antes de convalidación "para que sea posible reafirmar con nitidez que el uso constante en la mascarilla debe ser una obligación". De esta forma, plantea que se pueda prescindir de ella solo en aquellos "espacios naturales en el que no se produzcan concurrencia de personas". 

Altos niveles de contagio

Por otra parte, "ante los niveles de contagio que se están dando y las situaciones dispares que se están produciendo como consecuencia de las ratificaciones o no de los tribunales correspondientes" en cada comunidad autónoma, el Lehendakari ha solicitado a Pedro Sánchez "formalmente, en nombre de una cogobernanza real y efectiva, la adopción urgente" esta misma semana de las medidas necesarias para dotar a las autonomías de un marco de seguridad jurídica "suficiente" para que puedan aplicar, de inmediato, medidas.

De esta forma, pretende que se facilite que las comunidades autónomas puedan limitar la movilidad nocturna y el número de personas que se puedan agrupar "en diferentes circunstancias".

Bendodo: "Fue una decisión precipitada y no acertada"

La petición de Urkullu ha sido por el momento respaldada por otras regiones, como Andalucía y Castilla y León. El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha dicho que "Andalucía se suma" a esa idea del lehendakari; en concreto, "a que el presidente del Gobierno se actualice, ponga los pies en la tierra y vea cómo va a la pandemia en nuestro país".

Y es que, según ha subrayado Bendodo, desde que decayó el pasado 26 de junio la obligatoriedad de las mascarillas en espacios exteriores siempre que se pudiera guardar la distancia mínima de seguridad interpersonal, los contagios "se han multiplicado" en el conjunto de España.

Andalucía se suma a que el presidente se actualice, ponga los pies en la tierra y vea cómo va a la pandemia en nuestro país"

En esa línea, Bendodo ha considerado que el presidente Sánchez "antepuso sus intereses partidistas a los sanitarios anunciando el fin de la mascarilla obligatoria al aire libre cuando el virus nos ha demostrado que en cuestión de días cambia todo".

"Fue una decisión precipitada y no acertada", según ha remarcado el consejero portavoz, que ha recordado que desde la Junta sugirieron a los andaluces que "no dejaran de usar la mascarilla" pese a la decisión del Gobierno, y "los andaluces están siendo muy responsables", siguiendo usando las mascarillas "en la mayoría de espacios públicos". 

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha recalcado sobre la obligatoriedad de las mascarillas que la Junta de Castilla y León lleva "semanas" pidiéndolo. 

Igea ha asegurado su Ejecutivo ha pedido a su población que actúe como si hubiera un toque de queda, una medida que el Gobierno autonómico decidió que no iba a volver a solicitar al Tribunal Superior de Justicia por el rechazo que expresó al respecto en anteriores ocasiones.