El conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, ha confirmado este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu que el Govern catalán no ha conseguido, a día de hoy, el aval de un banco o una cooperativa de crédito para poder sufragar las multas por valor total de 5,4 millones de euros que solicita el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos del ejecutivo autonómico por gastos vinculados al 'procés' soberanista catalán. En caso de no ser depositadas estas fianzas, los encausados podrían ser embargados.
La exigencia del Tribunal de Cuentas de depositar las fianzas en un plazo de 15 días hábiles expira el próximo miércoles, ha confirmado el conseller, que ha recordado que el tribunal "se ha negado a prorrogar el plazo como habían solicitado las defensas de los 34 exaltos cargos".
Hace 15 días que el Govern del president Pere Aragonès anunció la creación de un fondo complementario de riesgos vía decreto ley para dar cobertura financiera a los trabajadores públicos encausados por su actividad política y profesional "legítima", ha dicho Giró. Hace justo una semana, el Govern aportaba a este fondo 10 millones de euros.
A pesar de no haber conseguido este martes, a 24 horas del vencimiento del plazo, dicho aval, Giró ha afirmado que "el Govern y el conseller hemos hecho el trabajo y lo hemos hecho con celeridad, y no descansaremos hasta proteger a los defensores públicos en su presunción de inocencia". Ha remarcado que, con esta operación, la Generalitat "no incurre en ningún riesgo financiero, como ya hemos comentado ampliamente".
Se ha contactado por parte del Govern "con todas aquellas entidades con mayor presencia en Cataluña", ha dicho, pero Giró no ha querido dar "pistas" sobre los bancos con los que se comunicarán a partir de ahora y si estos serán extranjeros. Al conseller no le constan ni presiones por parte del Banco de España a las entidades ni tampoco políticas, aunque sí "declaraciones de la extrema derecha muy subidas de tono" desde el primer momento del anuncio, ha asegurado.
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
El ejecutivo catalán queda ahora a la espera del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que tiene de plazo hasta el próximo 29 de julio. Por su parte, el Parlament puede convocar un pleno extraordinario o una diputación permanente para convalidar el aval si recibe el beneplácito del Consell. "Un dictamen positivo seguro que ayudaría en una carrera tan acelerada como la que hemos tenido", ha afirmado Giró.
"Esta es una situación profundamente injusta. Economia trabajará para encontrar una fórmula jurídica que proteja la presunción de inocencia a los acusados" (Jaume Giró, conseller de Economia de la Generalitat)
El Institut Català de Finances no garantizará el aval de momento
El Govern ha decidido no obligar al Institut Català de Finances a intervenir para garantizar el aval de manera provisional mientras no se consiga un aval bancario "porque, teniendo en cuenta los antecedentes, provocaría angustia, inquietud y miedo a los miembros" de este organismo de la Generalitat y a sus familias, ha especificado el conseller.
"Esta es una situación profundamente injusta. Economia trabajará para encontrar una fórmula jurídica que proteja la presunción de inocencia de los acusados", ha declarado el responsable, sin esconder que se trata de una tarea "difícil ante un organismo tan politizado como el Tribunal de Cuentas, y ante una justicia que se está transformando en venganza", ha añadido.
Movilización de las entidades soberanistas y de la Caixa de Solidaritat
Giró ha indicado que tantos las entidades soberanistas como la Caixa de Solidaritat "están trabajando" para cubrir "esta emergencia económica". El fondo económico soberanista habría reunido ya del orden de un millón de euros, cinco veces menos que la cantidad requerida."No ha ayudado el sonido (mediático) y el poco tiempo" de reacción, ha añadido.
El secretario general de JxCat y uno de los indultados por el juicio del 'procés', Jordi Sànchez, ha pedido por carta a los asociados del partido aportaciones económicas para pagar estas fianzas
Este mismo martes, el secretario general de JxCat y uno de los indultados por el juicio del 'procés', Jordi Sànchez, ha pedido por carta a los asociados del partido aportaciones económicas para pagar estas fianzas. En esta misiva, afirma que esta operación "será posible gracias a la profesionalidad que instituciones bancarias de fuera del país muestran, alejadas de la presión política que impone España".
"El decreto forma parte de la solución, no del problema. Estoy convencido de que este mecanismo de garantías perdurará más allá de esta legislatura porque no solo está pensando para esta situación. Y si futuros Governs lo modifican será solo para ampliarlo", ha recalcado Giró.
Primeras reacciones
La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha asegurado este martes desde el Parlament que la CUP apoyará el decreto que el Govern quiere llevar al Parlament sobre las fianzas del Tribunal de Cuentas, "diga lo que diga el Consell de Garanties Estatutàries (CGE)". "Estaremos al lado del Govern para facilitar el apoyo en la forma que sea al conjunto de los represaliados por el Tribunal de Cuentas", ha declarado Estrada.
El líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha defendido este martes que el Tribunal de Cuentas "hace lo que le corresponde, que es aplicar la legalidad y sin favoritismos", en referencia al rechazo de los magistrados a una prórroga para las fianzas del Diplocat.
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