La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un matrimonio de la localidad mallorquina de Llucmajor a penas que suman los

52 años de prisión por

abusar sexualmente de sus tres hijos cuando tenían entre 6 y 12 años de edad, entre 2000 y 2004, y por maltratarles física y psicológicamente.

La sentencia fija una pena de

31 años para la madre, Pedrona Mas Oliver, y de

21 años para el padre, Antonio Garcías Gordo, a quienes

se les retira la patria potestad de sus tres hijos, dos niños y una niña, que deberán ser indemnizados por sus padres con

25.000 euros.

Entre los delitos probados se encuentran

exhibicionismo, provocación sexual,

agresión sexual continuada,

violencia habitual en el ámbito familiar y

maltrato físico y psicológico en el ámbito familiar.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares considera como

hechos probados que los condenados, en su domicilio familiar de Llucmajor, mantuvieron en diversas ocasiones relaciones sexuales completas delante de los hijos, e incluso el padre obligó a la niña a tener relaciones con su hermano sin que la madre lo impidiera.

En más de tres ocasiones

la madre mantuvo relaciones sexuales con otro hijo, al tiempo que el padre, también tres veces,

violó al más pequeño mientras que la progenitora lo sujetaba para que no pudiera escapar.

La madre fue advertida desde el colegio adonde iban los críos, que

veían películas pornográficas, que los menores presentan "conductas sexualizadas".

Los acusados maltrataron de forma habitual durante esos años a sus hijos, llegando a golpearles en distintas ocasiones con

una correa y una alpargata. De hecho, fueron los estigmas de este maltrato los que alertaron a los profesores del colegio donde estudiaban.

En el año 2004, técnicos de los Servicios de Infancia y Familia se apercibieron de la situación y

se hicieron cargo de los menores tras declararse la situación de desamparo, mientras que la Fiscalía de Menores interpuso una querella contra los padres.

Por todo lo vivido, los tres menores

presentan secuelas que precisan tratamiento psicoterapéutico, se explica en esta sentencia, que recuerda que en aplicación del Código Penal los padres

pasarán en prisión 20 años cada uno como mucho.

Los padres han sido

inhabilitados para el ejercicio de derechos de

patria potestad, tutela, empleo o cargo público por un tiempo de seis años.

Además, se les impone la

prohibición de aproximarse a los menores a una distancia inferior a los 300 metros y de comunicarse con ellos por cualquier medio por un tiempo de cinco años.

El tribunal absuelve a los padres de un delito de corrupción de menores, a pesar de la petición formalizada tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular.