La Guardia Civil ha investigado a 22 empresas como presuntas responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y que habrían contaminado la atmósfera con más de 35.000 toneladas de CO2 a través del tratamiento y comercialización de residuos peligrosos procedentes de aparatos eléctricos o electrónicos.

Según informó este domingo la Guardia Civil, las empresas, situadas en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y Mallorca, gestionaban los residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos de forma irregular, lo que provocaba la emisión de gases de efectos nocivos.

Los agentes del SEPRONA han desarrollado la operación Redivivu a nivel nacional e internacional durante más de un año, en el que se ha examinado documentación que indica que se han enviado a Pakistán casi 600.000 kilos de compresores sin que se pueda acreditar una correcta descontaminación.

Además, los investigadores han localizado más de 133.000 kilos de compresores (15.019 unidades) en las empresas inspeccionadas de Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y Mallorca.

La suma total de los compresores enviados a Pakistán y los encontrados en territorio nacional supondrían una emisión aproximada de 35.385 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Medio centenar de inspecciones

La investigación comenzó en febrero del pasado año durante la inspección a una empresa gestora de residuos, cuando los agentes descubrieron que el tratamiento y comercialización que daban a los componentes procedentes del tratamiento para la descontaminación de aparatos eléctricos o electrónicos eran totalmente incorrectos.

Bajo la sospecha de que podría haber más empresas implicadas, se decidió investigar los lugares de origen y tránsito de estos y otros residuos, así como el destino final.

En total, se inspeccionaron 43 empresas en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza.

En muchas de ellas, se localizaron compresores sin descontaminar y que no contaban con las autorizaciones preceptivas para el tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).

"Canibalización"

Sin embargo, el método más habitual fue el de la "canibalización", que consiste en desmontar los aparatos rompiéndolos de forma abrupta o cortando directamente los tubos de los frigoríficos, para conseguir sacar el cobre u otras piezas de valor del interior.

Del estudio de la documentación se comprobó que el destino de los compresores era Pakistán, donde finalmente se les valoraría en una planta de desmantelamiento para su posterior fundición.

En su nota, la Guardia Civil advierte de que la rotura de los compresores de aparatos eléctricos o de otros componentes sin las herramientas adecuadas, provoca el escape de gases contaminantes a la atmósfera, y el vertido al suelo y subsuelo de aceites peligrosos, con el riesgo que ello conlleva, y además hace que su reutilización sea prácticamente inviable.

Las 22 empresas investigadas son, concretamente, seis en Alicante, cuatro en Valencia, seis en Murcia, dos en Almería, una en Málaga, una en Albacete, una en Ciudad Real y una en Mallorca.

Las actuaciones se han realizado en coordinación con el Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo en Alicante.