"Si el sistema no cuenta con este recurso, el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, en el periodo comprendido entre 2016-2045, tendrá un déficit estimado de 543 millones de euros, aproximadamente el 17 por ciento de los costes totales", ha puntualizado.

Lo ha dicho en una comparecencia este jueves en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes de Aragón, en el trámite de audiencias legislativas en relación con el Proyecto de Ley de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales.

Alfonso Peña ha sostenido su intervención en las conclusiones de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el Instituto Aragonés del Agua y la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza, y ha comentado para el debate las dos más importantes en relación con el impuesto al que se refiere el proyecto de ley, basadas, ha dicho, "en datos objetivos y auditados de forma independiente".

Además, ha asegurado que los contribuyentes de Zaragoza no están pagando más por la depuración de sus aguas que el resto de los aragoneses y que tampoco están pagando dos veces por el mismo servicio.

En este sentido, Alfonso Peña ha retomado los datos aportados en el Informe de la sociedad Ecociudad según los cuales, en 2017, los usuarios de Zaragoza pagaron por el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas de su término un 8,2 por ciento menos que la media de los usuarios de los municipios de Aragón de más de 10.000 habitantes. Y que, considerando el periodo comprendido entre 1993 y 2017, la carga fiscal soportada por los zaragozanos fue un 14 por ciento inferior a la media, aunque los usuarios de Zaragoza empezaran a pagar el servicio de depuración mucho antes, en 1993, que los del resto de municipios de Aragón.

"En Zaragoza no se ha pagado más; ni se ha pagado dos veces el mismo servicio. Se ha pagado menos que en el resto de Aragón por dos conceptos distintos: por el servicio de depuración de las aguas, que presta el Ayuntamiento a través de Ecociudad desde el año 2013 y cobra a los usuarios por una tarifa que gira la sociedad municipal, y por la contribución, como todos los demás usuarios aragoneses, al servicio regional de depuración, que se paga desde 2016 a través del ICA", ha contado.

"Es más, lo que hemos constado en nuestra auditoría es que el único pago duplicado que se produce se da en la tarifa que Ecociudad exige a los usuarios de la capital por el servicio de depuración, en la que se siguen repercutiendo los costes de construcción de la planta de la Cartuja, amortizada desde hace años, circunstancia que debería haberse reflejado rebajando la tarifa a los contribuyentes", ha afirmado el presidente de la Cámara de Cuentas.

IMPUESTO PROGRESIVO

En relación con la norma debatida, Peña ha valorado de manera positiva que el impuesto se haya individualizado y se regule en una ley distinta a la Ley de aguas para ganar en claridad, y también, que se haya concebido como un impuesto progresivo en tres tramos variables en función del consumo y que se contemplen situaciones de tipo social -tarifa social-.

Además, ha resaltado que se haya optado por su configuración en una única figura tributaria "aunque, en un plano teórico, hubiera sido deseable dividir el impuesto en dos instrumentos: una tasa, para recuperar los costes reales de la prestación del servicio de depuración en cada localidad, que giraría bien el IAA o el Ayuntamiento correspondiente, y un impuesto autonómico regional por la producción de aguas residuales, por contaminación, para financiar el sistema regional de depuración".

No obstante, y a pesar de que, en opinión del presidente de la Cámara, esta configuración hubiera sido más clara para los usuarios y más rigurosa desde el punto de vista de la técnica tributaria, ha reconocido que supondría mayores costes de gestión.

A su juicio, teniendo en cuenta que el impuesto supone una recaudación pequeña en el conjunto de las arcas autonómicas -unos 70 millones de euros al año- y que tiene muchos miles de contribuyentes que ingresan unas cuotas medias de unos 150 euros al año, dividir la exacción en dos figuras -tasa/tarifas e impuesto- tendría unos costes de gestión inasumibles.

En relación con la recaudación tributaria, ha advertido que la reforma del impuesto implica una reducción de ingresos de unos 6 millones de euros al año -150 millones en el escenario de vigencia del Plan de Aragonés de Saneamiento y Depuración-, lo que exigirá hacer ajustes en los gastos del Plan o prever financiación alternativa.

Al final, Alfonso Peña ha hecho hincapié en la importancia de que el trámite parlamentario sirva para decidir qué costes del ciclo del agua tiene que cubrir el Impuesto Medioambiental de Aguas Residuales y ha recomendado que las comparaciones con otras comunidades autónomas se hagan en términos homogéneos, pues en la actualidad hay muchas diferencias entre las distintas tarifas autonómicas en función de los costes del servicio de depuración que recuperan mediante su repercusión a los usuarios.

En la mayoría de los casos, solo se repercuten los costes de explotación mientras que, en el caso de Aragón, también se repercuten los costes de construcción y financiación.

En este sentido, ha recordado que la normativa comunitaria es partidaria de que los usuarios asuman los costes de los servicios públicos de depuración, no solo los costes de explotación.