Un total de 215.941 usuarios catalanes que tienen una potencia eléctrica de entre 10 kW y 15 kW están obligados a contratar alguna de las 27 compañías autorizadas por el Gobierno antes de mañana. Si no lo hacen, se enfrentan a sanciones.

De nada ha servido que las asociaciones de vecinos se opongan a la liberalización del mercado energético porque, aseguran, sólo favorece a los grandes consumidores. Tampoco vale que la Cambra de Comerç haya pedido una moratoria, porque la mayoría de afectados son pequeñas y medianas empresas. Para el Ministerio de Industria ya no valen las excusas, porque la normativa se debía haber aplicado el 1 de enero y se retrasó al 1 de julio.

Con el nuevo contrato, los usuarios pueden obtener precios por debajo de la tarifa de último recurso (TUR), fijada por el Gobierno. En Barcelona hay 151.344 afectados; en Tarragona, 27.499; en Girona, 21.000, y en Lleida, 16.098.

Jordi Anguera, director de la Agència Catalana de Consum, ha asegurado que el Ministerio de Industria podría haber informado «mejor y con más antelación». La carta que envió, «más que aclarar dudas, generaba más» y su redactado era confuso.