La Junta aprobará un plan de formación a profesionales de servicios sociales para centros libres de sujeciones

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, han anunciado este miércoles en Palencia que el Gobierno autonómico aprobará un plan de formación de los profesionales de los Servicios Sociales para dotarles de nuevas capacidades con el objetivo de que las residencias de Castilla y León sean, en ese plazo, centros libres de sujeciones.
La Junta aprobará un plan de formación a profesionales de servicios sociales para centros libres de sujeciones
La Junta aprobará un plan de formación a profesionales de servicios sociales para centros libres de sujeciones
20M EP

Este compromiso de legislatura se enmarca en el anteproyecto de Ley de Atención Residencial, en fase de tramitación, y en el sistema de atención a la Dependencia 5.0 que impulsa el Gobierno autonómico.

La finalidad de este modelo es ofrecer cuidados individualizados, centrados en las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, tanto en centros residenciales como en su propio domicilio, con la tecnología como aliada y con un prisma ético, es decir, desde el reconocimiento a la dignidad de los más vulnerables y el respeto a su proyecto de vida.

"Es difícil imaginar que una persona atendida con sujeciones físicas o químicas, aunque estén homologadas o supervisadas por un profesional, viva con calidad y dignidad y sea feliz", han explicado el vicepresidente y la consejera, durante su participación en una jornada organizada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la biblioteca de Palencia.

Estas iniciativas constituyen foros de análisis y debate con expertos nacionales e internacionales en distintas disciplinas de la atención social, que favorecen el intercambio de experiencias acerca de la transformación de la política social a la que se enfrentan los países europeos.

En concreto, la celebrada pretende ser un punto de partida para el desarrollo de un plan estratégico formativo encaminado a la disminución progresiva del uso de las sujeciones en los centros de atención a personas mayores y con discapacidad de Castilla y León, teniendo en el horizonte su eliminación.

El Ejecutivo autonómico defiende que la supresión de las sujeciones físicas y químicas en los cuidados a las personas más vulnerables no es una cuestión que deba abordarse únicamente por imperativo legal, sino que requiere de un cambio progresivo de paradigma en la atención profesional.

Es preciso, por lo tanto, que los profesionales adquieran destrezas y estrategias que hagan compatible el ejercicio de los derechos individuales de los usuarios de las residencias con el desarrollo armónico de la vida de los centros.

De ahí la puesta en marcha anunciada de un plan formativo, que abordará esta recualificación de las plantillas de las residencias desde una doble perspectiva: el cambio en las actitudes y la adquisición de habilidades y alternativas a las sujeciones.

Será un paso complementario a otros proyectos regulados en el borrador normativo como, por ejemplo, la sustitución del antiguo Plan de Intervención Individual, donde eran los profesionales quienes, desde una óptica facultativa, prescribían los apoyos al residente por el denominado Proyecto de Vida.

SISTEMA NOVEDOSO

Con el mismo objetivo de garantizar la protección de las personas mayores y con necesidades de apoyo, el anteproyecto de ley de atención residencial introduce mecanismos para promover y evaluar la calidad de los servicios a partir de estándares europeos y desde un enfoque singular.

Frente a los sistemas de medición tradicionales el modelo de evaluación por el que apuesta Castilla y León tiene como objeto central la calidad de vida de las personas.

Lo que se va a medir es, por lo tanto, la repercusión de los planes de apoyo en los proyectos de vida de los usuarios teniendo en cuenta sus valores individuales y asegurando el respeto de todos sus derechos. Esta evaluación, que se ejecutará de forma continua, dará lugar a una categorización de los centros a partir de parámetros objetivos. Los resultados de los exámenes de calidad se publicarán con periodicidad anual en un informe para que los futuros usuarios puedan elegir con garantías la residencia a la que quieren acudir.

Junto a esto, la futura ley de atención residencial regula otros aspectos para promover la innovación y relacionados con la organización y funcionamiento de los centros (a través de unidades de convivencia) para garantizar precisamente esa atención centrada en la persona.

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