Así, ha sostenido que hace falta un parque más amplio de viviendas públicas en régimen de alquiler "a unos precios asequibles y en renta social para cubrir la enorme demanda existente, con unos criterios sociales y de nivel de renta para su adjudicación y con un objetivo de rotación".

"Prácticamente no se están promoviendo VPO por parte del IMV y mucho menos viviendas que aunque sean accesibles, además también estén completamente adaptadas y enfocadas específicamente a las necesidades de personas con movilidad reducida", ha abundado Ramos.

La concejala de la coalición de izquierdas ha apuntado la necesidad de "impulsar más cesiones de este tipo de viviendas para personas con diversidad funcional a entidades sociales". "En 2013 se construyeron y cedieron siete viviendas de esta tipología y, lamentablemente, no ha sido hasta este año cuando se han construido y cedido otras seis viviendas más, lo que hace que tan solo contemos en Málaga con 13 de estos alojamientos promovidos por el IMV para el programa de vida independiente", según Ramos.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS

La concejala de Adelante ha advertido también del "elevado número de problemas por incumplimientos que se están produciendo entre la Sociedad Municipal de Viviendas y las empresas promotoras y constructoras adjudicatarias de promociones de viviendas protegidas", lo que se materializa en que en el próximo Consejo de Administración previsto para el martes 13 de julio se vayan a proponer la imposición de penalidades e incautar avales y garantías a tres de estas empresas (puntos 3, 4 y 5) y promover acciones judiciales contra otras tres (puntos 6, 7 y 8).

"Vamos a pedir explicaciones al equipo de gobierno al respecto de la redacción de los pliegos de contratación que han propiciado los incumplimientos de estas empresas", ha enfatizado la edil.

Ha adelantado, además, que votarán en contra de la desestimación de sendos recursos de reposición interpuestos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga contra el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación de la redacción del proyecto de ejecución y dirección de las obras de 24 VPO en la calle Lázaro Carreter y de las polémicas 35 viviendas protegidas de la calle José María Garnica", ya que comparte los argumentos del Colegio Oficial de Arquitectos.

Por su parte, el concejal de la confluencia de Podemos e IU Nicolás Sguiglia ha añadido que el "actual déficit en las políticas públicas de vivienda que sufrimos en Málaga se agrava con el encarecimiento progresivo de los inmuebles".

En la capital, ha dicho, los precios se han incrementado "en un 6,3 por ciento en el último año, fijándose el precio medio actual en los 1.806 euros el metro cuadrado, según datos de un reciente estudio de mercado elaborado por la consultora Tinsa". De este modo Málaga es la provincia española en la que más esfuerzo se realiza por hogar para sufragar las hipotecas, teniendo que aportar de media las familias el 28 por ciento de sus ingresos mensuales.

"A pesar de esta crisis habitacional, el alcalde sigue incumpliendo el compromiso alcanzado hace una década para construir 1.000 viviendas, apenas se ha construido un centenar", ha concluido.