Así lo ha informado la Consellería de Política Social en un comunicado y así lo recogen las alegaciones presentadas al documento elaborado por el Ejecutivo nacional, en el que se establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones para luchar contra la despoblación.

En el documento no están incluidas las comunidades pluriprovinciales como posibles beneficiarias de las ayudas, pero sí las uniprovinciales, los ayuntamientos, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares y comarcales, mancomunidades de municipios y entidades privadas y con fines sociales.

El Gobierno gallego sostiene que dejar a las comunidades de más de una provincia fuera del proceso, "tanto como beneficiarias como en su condición de valoradoras, carece de justificación".

"Las comunidades realizan una función fundamental en el ámbito de la lucha contra la despoblación y el reto demográfico, ejerciendo a menudo en exclusiva competencias clave en este ámbito e impulsando desde hace años proyectos pioneros en este campo", insiste la Xunta.

Además, el documento enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico advierte de que hay que tener en cuenta que muchos ayuntamientos, afectados gravemente por la pérdida de población, "carecen de la capacidad para impulsar por sí mismos" proyectos respecto a la demografía.

"Esto se debe precisamente a su reducida dimensión, que los sitúa en inferioridad de condiciones respecto a otros municipios de mayor entidad", recalca Política Social.

Las alegaciones recogen también la solicitud del Ejecutivo gallego de "incrementar" la composición propuesta por el Gobierno estatal para la Comisión de Valoración, "para permitir la participación de las comunidades autónomas, o una representación de las mismas", decidida en la Comisión Sectorial o Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, en el órgano que valorará los proyectos presentados.