"En nuestra comunidad hay datos reveladores sobre tasa temporalidad que justifican la necesidad y urgencia de este proceso", añade. En este sentido, La Rioja cuenta con un 30 por ciento de trabajadores temporales en la administración autonómica, un 13 por ciento en la administración local y un 8 por ciento en la administración general del Estado. "Estamos ante un problema estructural, que afecta a todas las administraciones públicas y a servicios tan fundamentales como la sanidad, la educación o servicios sociales, entre otros", destaca.

"Las cifras de interinidad en el empleo público son insostenibles por lo que urgía una reforma por razones de justicia social, seguridad jurídica y para cumplir los compromisos adquiridos con la UE", añade para subrayar que "abrimos un proceso de estabilización sin precedentes".

El acuerdo afectará a las plazas estructurales que a 31 de diciembre de 2020 hayan estado ocupadas durante más de tres años por trabajadores temporales. Una cifra que podría ascender en todo el país a 310.000 personas, según ha cuantificado el propio Gobierno de España.

Una vez puesto en marcha el Real Decreto nadie podrá realizar un trabajo estructural en ninguna administración con un nombramiento temporal superior a tres años, de modo que su incumplimiento generará el derecho del trabajador a ser indemnizado - y la administración podrá ser sancionada.

El Real Decreto obliga a todas las administraciones a ofertar las plazas actualmente ocupadas por trabajadores temporales antes de finalizar 2021 y cubrirlas antes de concluir el ejercicio 2024. El acceso a estas plazas se realizará mediante concurso-oposición donde la fase del concurso supondrá un 40 por ciento, y en el que la experiencia tendrá un valor determinante, mientras los que no superen la prueba tendrán derecho a indemnización - 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses- y a incorporarse en una bolsa específica.

Una estabilización de empleo en la que los pequeños municipios podrán encomendar la gestión de sus procesos selectivos a la entidad supramunicipal que corresponda.

Por otro lado, el texto acordado contempla la complejidad del colectivo docente y de salud para lo que se ha propiciado la disposición final segunda "por la que obliga a la administración a que en el plazo de un año tras su entrada en vigor se proceda a la adaptación de la normativa del personal docente y del estatutario y equivalente de los servicios de salud a lo dispuesto en el artículo 10 y 11 y disposición adicional 17 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público dada las peculiaridades de su régimen", explica Villuendas.

El pasado 22 de abril, el Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, adquirió ante la Comisión de Función Pública del Senado el compromiso de reformar el EBEP para poner freno al abuso y reducir la temporalidad en las administraciones públicas.

"Y aquí tenemos la promesa cumplida, con un acuerdo fruto del diálogo que pone fin a la incertidumbre y a la preocupación de los trabajadores temporales que prestan servicio en la administración, con un paso gigante hacia la modernización de la administración del siglo XXI con el que además damos cumplimiento a una de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia así como a la sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE y del Tribunal Supremo, instando a atajar esta temporalidad", concluye.