La Cooperación al Desarrollo ante la crisis del COVID-19, según la moción de la confluencia de izquierdas, "proporciona los argumentos para defender una respuesta solidaria y eficaz a la crisis, que fortalezca el multilateralismo, y que asegure que no se dejan de lado los procesos de desarrollo que estaban en marcha, que son imprescindibles tanto para salir de la pandemia como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)".

Así, sostienen en la moción, consultado por Europa Press, que la respuesta de la cooperación "no puede ser únicamente de emergencias, sino también de desarrollo que garantizan servicios básicos y derechos fundamentales", una cuestión que las diputadas provinciales pusieron sobre la mesa en la Comisión Permanente celebrada el pasado 2 de julio.

En junio se publicaron las bases reguladoras y anexos para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) que realicen intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo 2021.

La Diputación Provincial cuenta con un Consejo Provincial de Cooperación al Desarrollo y según su Reglamento de Organización y Funcionamiento, y según funciones de su Comisión permanente viene recogido que dicha comisión se constituirá para estudiar propuestas e informes de iniciativas que la institución desarrolla en esta materia, colaborar en el establecimiento de los criterios y prioridades que deben regir la ayuda al desarrollo y asesorar en todo lo concerniente a las convocatorias públicas de subvenciones a proyectos sobre cooperación internacional.

Adelante critica la tardanza en convocar esta Comisión Permanente, "tal y como demandaban las asociaciones que componen el Consejo para tratar cuestiones de interés en relación con la cooperación al desarrollo" y que finalmente se celebró de forma online el 2 de julio pasado "tras siete meses". Querían conocer, según la coalición, la publicación de la resolución definitiva de la convocatoria de 2020, la entrega del premio de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, adjudicado en 2020 a Manos Unidas y convocatoria de subvenciones de 2021.

A juicio de las diputadas Teresa Sánchez y Maribel González, la ayuda a otros países, así como el cumplimiento de plazos para la concesión de subvenciones, "debe ser una cuestión prioritaria para esta Diputación". "Aún no se cuenta con una fecha exacta para la resolución de 2020 y el retraso que supone la ejecución en el desarrollo de los proyectos, pone igualmente en riesgo los objetivos a conseguir por parte de las asociaciones en el territorio", lamentan.

Desde el equipo de gobierno se trasladó, según la moción, que habría modificaciones en las bases de la convocatoria de Cooperación Internacional para este año, "donde las asociaciones quedaban relegadas a ser meras espectadoras del proceso, no contemplándose las funciones recogidas en el Reglamento. La promoción de la participación de las Asociaciones para el Desarrollo no se ha tenido en cuenta por parte de este equipo de gobierno, donde no caben aportaciones ni mejoras por parte del tejido asociativo", critican.

"Consideramos que la valoración técnica ha de ser llevada a cabo por los y las profesionales de la Diputación provincial que trabajan en el área, conocedores de todos los pormenores de las bases y de la aplicación de las valoraciones, además de los proyectos en destino y del quehacer del tejido asociativo, considerando que los proyectos no deben ser desmembrados", sostienen.

En este sentido, consideran que no pueden tener prioridad los criterios precio/hora, "ha de ponderar y tenerse en cuenta criterios técnicos y la experiencia en cooperación al desarrollo, siguiendo el procedimiento de licitación que dispone la normativa de aplicación ante un proceso abierto, de concurrencia competitiva, ya que ante la reiteración de contratos para los mismos fines, se deberían usar métodos más transparentes y ajustados a la ley".

Por todo ello, IU y Podemos reclamarán en la próxima comisión que se celebra esta semana que se cumpla el reglamento de organización del Consejo Provincial de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como órgano de carácter consultivo de la Diputación Provincial de Málaga, y atendiendo a sus funciones, promoviendo así la participación del tejido asociativo y de la ciudadanía.

También solicitarán que se lleve a cabo el procedimiento oportuno para que se modifique el punto sobre la petición del certificado de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, cumpliendo con la normativa de aplicación tanto Estatal como con la Junta de Andalucía; que se dote de más personal técnico en el Área de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional para la valoración de solicitudes y emisión de informes "asegurando la transparencia y la calidad en el trabajo que se desempeña, atendiendo con rigor a las bases de la convocatoria".

Por último, las diputadas provinciales instarán al equipo de gobierno para que la contratación de entidades externas en materia de Cooperación y Desarrollo sea para tareas "específicas que no puedan ser ejecutadas por recursos técnicos propios, ya que se ha procedido a su externalización de forma reiterada que se proceda con un sistema abierto de concurrencia competitiva y priorizando criterios técnicos sobre la materia".