Un mosso acepta pagar 30.000 euros  por golpear a un manifestante contrario a la independencia

  • Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2017, tras la declaración de independencia de Cataluña.
Manifestantes en Barcelona cogiendo botellas de vidrio de un contenedor volcado para lanzar contra agentes de los Mossos.
Manifestantes en Barcelona cogiendo botellas de vidrio de un contenedor volcado para lanzar contra agentes de los Mossos.
ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Un agente de los Mossos d'Esquadra ha aceptado pagar una indemnización de 30.000 euros a un manifestante contrario a la independencia al que le fracturó la muñeca con un golpe de porra durante una protesta contra la declaración unilateral de independencia del 27-O en las inmediaciones de Catalunya Ràdio.

El agente ha alcanzado este viernes un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que ha reconocido haber cometido un delito leve de maltrato de obra en concurso con uno de lesiones por imprudencia grave, por los que la Audiencia de Barcelona le ha impuesto también una multa de 1.980 euros.

Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2017, tras la declaración de independencia de Cataluña, que quedó finalmente suspendida, cuando el mosso se encontraba en las inmediaciones de la sede de Catalunya Ràdio, en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona, donde integraba el dispositivo policial desplegado para proteger la emisora ante una protesta de partidarios de la unidad de España.

Tal como recoge el escrito fiscal, que ha ratificado la defensa, la víctima formaba parte de los manifestantes, algunos de los cuales atacaron la radio y rompieron los cristales del inmueble, si bien no consta que el perjudicado llevara a cabo "actos violentos".

En este contexto, el mosso condenado, valiéndose de su porra reglamentaria, "dirigió un golpe al muslo" de la víctima que, "de forma instintiva", interpuso su brazo para protegerse y recibió el impacto en la muñeca.

El agente actuó "sin tener la intención de causar el resultado lesivo que causó" por lo que el fiscal, que inicialmente solicitaba tres años de prisión e inhabilitación por un delito de lesiones, ha modificado sus conclusiones y ha retirado la petición de cárcel, aunque se ha incrementado a 30.000 euros el importe de la indemnización, de la que se hará cargo la Generalitat como responsable civil subsidiaria

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