El actual alcalde de Estepona denunció a Fiscalía el 'caso Astapa'

  • Valadez y una edil contactaron directamente con la Policía Judicial en Madrid.
  • Señalan al jefe de gabinete como clave.
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Vieron irregularidades y las comunicaron a la Fiscalía. El actual alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, y su compañera de partido, la concejala socialista Cristina Rodríguez, fueron los primeros que denunciaron en noviembre de 2006 la supuesta trama de corrupción política y urbanística en el Ayuntamiento, el caso Astapa.

Ambos eran ediles cuando presentaron denuncia ante la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de Policía Judicial en Madrid, según recoge el sumario, cuyo secreto se levantó ayer parcialmente.

Los entonces ediles detallaron que desde junio de 2003 (cuando firmaron sus actas de concejal) se estaban cometiendo hechos que podrían constituir delito. Desde esa fecha y hasta 2007 gobernó la ciudad una coalición formada por PSOE y los independientes del Partido Estepona (PES, antes GIL), además de IU, que tras un año en el gobierno fue sustituido por el PA.

La operación policial se inició el 17 de junio de 2008. Fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos, concejales de su partido y del PES. También fueron arrestados empresarios, funcionarios y técnicos municipales y el que ejercía como jefe de gabinete de Alcaldía José Flores. La denuncia de Valadez y Rodríguez situaba a Flores como «muñidor de todos los asuntos que afectan a la Corporación»: elaboraba el orden del día de las juntas de gobierno y los plenos y conseguía la financiación mediante «donaciones» a las delegaciones socialistas.

Tras las detenciones, se produjeron 63 imputaciones por delitos de blanqueo de capitales, malversación, cohecho, fraude, prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias. Tras dimitir Barrientos, Valadez se convirtió en alcalde. Ahora gobierna en minoría.

Contabilidad triple. CAJA A, B Y C

En el Ayuntamiento había una caja A para el dinero destinado a fines legales. Otra, la B, supuestamente se reservaba para comisiones ilegales de promotoras. La C alojaba el dinero para cuentas particulares.

Convenios urbanos. 18 FOLIOS Y PRUEBAS

Valadez y Rodríguez aportaron un dossier con 18 folios al denunciar, así como convenios urbanísticos cuyas valoraciones de suelo fueron hechas por el ingeniero Javier Wittmeur, en libertad bajo fianza.

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