El juez ordena destruir las grabaciones a los imputados y abogados del 'caso Marta'

El juez autorizó que se hicieran las grabaciones a los imputados por su falta de colaboración.
El juez autorizó que se hicieran las grabaciones a los imputados por su falta de colaboración.
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El juez autorizó que se hicieran las grabaciones a los imputados por su falta de colaboración.

El juez que investiga la muerte de la joven sevillana Marta del Castillo ha rechazado la nulidad de las escuchas a los imputados en la cárcel, aunque ha ordenado que se destruyan los soportes magnéticos, digitales y las transcripciones de la parte de las conversaciones que mantuvieron con sus abogados.

Frente al derecho constitucional de los acusados, está también el derecho de la víctima

El juez de instrucción 4 de Sevilla reconoce en un auto que la interceptación de comunicaciones afectó al derecho fundamental de los acusados y a la confidencialidad de sus contactos con sus letrados, pero añade que tomó la medida "ponderando los valores y derechos afectados".

Así, frente al derecho constitucional de los acusados, "está también el derecho de la víctima, y por trasposición de su familia, a que su cuerpo sea encontrado y pueda recibir sepultura", dice el auto.

"Evitan que se encuentre el cuerpo"

El juez razona que Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta, "tuvo desde el inicio de la instrucción la firme intencionalidad de evitar que encontrásemos el cuerpo de su víctima, como también lo estuvieron los restantes imputados que colaboraron con él para hacerlo desaparecer".

Esta "falta de colaboración" hizo al juez autorizar el pasado 3 de marzo la interceptación de todas las conversaciones de los acusados en el locutorio de la cárcel, cuya nulidad han pedido los defensores por afectar a la confidencialidad de las relaciones profesionales del abogado. El juez rechaza decretar tal nulidad y mantiene como válidas las conversaciones de los acusados por teléfono y en el locutorio con sus familiares, pero ordena la "destrucción física" de todos los soportes digitales o magnéticos, así como de las copias que pueda tener la Policía.

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