Tres muertes en las últimas semanas en las prisiones catalanas, dos de ellas suicidios, y una presunta agresión sexual de un recluso a una funcionaria han puesto en jaque al sistema penitenciario de Cataluña cuando hace apenas un mes que Lourdes Ciuró asumió el mando de la consellería de Justicia. Mientras asociaciones en defensa de los derechos humanos abogan por suavizar el régimen disciplinario en las cárceles, desde los sindicatos reclaman más protección para quienes trabajan en los centros, y entre estas dos mareas se estrena la consellera. Este jueves se ha comprometido a estudiar que los funcionarios de prisiones pasen a ser considerados agentes de la autoridad, como ellos reivindican, mientras que el lunes planteó reducir el aislamiento de internos, una propuesta más cercana a lo que exigen las entidades humanitarias.

La presunta agresión sexual, explicó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), tuvo lugar el lunes en la cárcel de Quatre Camins, en la Roca del Vallès. La mujer estaba en un lavabo de uso exclusivo para trabajadores cuando entró un interno que le cogió la mano y le obligó a introducirla en sus pantalones. Luego le agarró por los hombros para que le besara en la boca. Finalmente, la funcionaria logró que el recluso abandonara el baño.

Este episodio se produjo después de que el 27 de junio un interno aislado muriera en un incendio en su celda en la cárcel de Puig de les Basses. También tras dos suicidios, uno el de una joven colombiana de 19 años que se ahorcó el sábado en una celda de aislamiento de la cárcel de Brians 1. El otro, el del creador del popular antivirus McAfee, John McAfee, que el 23 de junio se colgó también en su habitáculo, en la prisión de Brians 2, después de que se le notificara su extradición a Estados Unidos por fraude fiscal.

Según datos de la conselleria de Justicia, los suicidios en las cárceles catalanas aumentan. En 2020 hubo 11, un 60% más que el año anterior, cuando se registraron siete. Solo de enero a mayo de 2021 se produjeron ocho, que incluyen los de algunos presos fuera de los centros penitenciarios.

Asociaciones pro derechos humanos

Para Mireia Salazar Gabarró, abogada responsable del área de prisiones de la entidad pro derechos humanos Iridia, estos datos ponen de manifiesto que el aislamiento de internos se debe dejar atrás, pues son varios los que se quitan la vida cuando están aislados. “Genera consecuencias muy lesivas e irreversibles”, ha señalado Salazar, y ha añadido que no es suficiente con el intento que han hecho las administraciones de “mejorar las condiciones” de los presos que están en esta situación. Ha pedido, asimismo, “un planteamiento integral de lo que está pasando en las prisiones”.

El lunes, Iridia y varias asociaciones en defensa de los derechos humanos, como Justícia i Pau o el Observatori del Sistema Penal, entre otras, se unieron para exigir a través de un comunicado que se acabe con el aislamiento penitenciario. También para pedir una auditoría sobre todas las muertes en prisiones para analizar las causas estructurales, así como medidas para reducirlas.

"A pesar de que gracias a la incidencia del trabajo de las organizaciones de derechos humanos se ha reducido el número de horas de aislamiento penitenciario cuando las personas están en primer grado, no ocurre el mismo cuando están sancionadas", denunciaron. Apuntaron, asimismo, que el uso del régimen de aislamiento prolongado en España "ha generado la preocupación de organismos internacionales, incluyendo el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas". Este "señaló que su aplicación excesiva puede constituir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e instó el Estado a asegurar que solo fuera utilizado como medida de último recurso".

Funcionarios de prisiones

Al otro lado de las organizaciones pro derechos humanos están representantes de los funcionarios de prisiones, como la CSIF, cuyo responsable de centros penitenciarios, Alberto Gómez, considera que estas entidades piden el fin de los aislamientos "desde la ignorancia". Gómez ha recordado que anualmente se producen "unas 300 agresiones" a los trabajadores de las cárceles catalanas y ha tildado de "laxo" el régimen disciplinario en los centros.

"En Cataluña se interactúa mucho con los presos y no queremos volver atrás, pero un recinto se tiene que regir por unas normas que tienen que ser respetadas", ha afirmado. En este sentido, ha dicho que a veces los funcionarios de prisiones tienen "miedo a la hora de aplicar medidas contundentes" ante la "presión" de las asociaciones, por si se les tacha de "maltratadores".

Por otro lado, ha calificado de "insulto" una circular (la 2/2021) que marca límites muy concretos a las contenciones en las cárceles catalanas, en la línea de lo que piden las entidades pro derechos humanos. Ha contado que esta remarca que "primero se tiene que aplicar la contención verbal" y que eso es lo que llevan haciendo "desde hace años". "A ningún funcionario le gusta la agresividad", ha dicho.

El martes, el responsable de la circular, Amand Calderó, dimitió como secretario general de Prisiones del Govern. Alegó que los últimos tiempos al frente de las cárceles han sido especialmente duros y que ha optado por "comenzar una nueva etapa". Calderó dejó el cargo días después de que Ciuró nombrara a un director general como responsable específico de Asuntos Penitenciarios, a César Galván, un agente de los Mossos d'Esquadra.

Gómez ha asegurado que los funcionarios de prisiones, tras los últimos acontecimientos en las cárceles, están "en pie de guerra", porque son "un colectivo ignorado y olvidado por la sociedad".

Ciuró

Entre sus reclamaciones está que se les considere agentes de la autoridad "para que se puedan incrementar las penas a los presos" en caso de que les agredan, así como avanzar la edad de su jubilación y convocar nuevas plazas, y este jueves Ciuró se ha abierto a todo ello. La consellera ha asegurado que lo evaluarán y ha condenado "enérgicamente" la agresión sexual que presuntamente sufrió la funcionaria de Quatre Camins.

Ciuró ha defendido que el sistema penitenciario catalán es modélico en muchos aspectos, "pero no es perfecto, hay brechas que permiten que pasen hechos como los de las últimas semanas", y ha garantizado que trabajarán para mejorar la seguridad física y emocional tanto de los funcionarios como de los internos. También ha apostado por abrir la negociación para promover un nuevo acuerdo de las condiciones laborales del personal penitenciario, ya que el actual es de 2006 y no se actualiza desde 2014.

El lunes la consellera pidió, asimismo, trabajar en un plan para mejorar el abordaje de la salud mental de los internos y “detectar y prevenir” situaciones de riesgo y apostó por una disminución de los aislamientos.