Aragonès defiende la legalidad del fondo para las fianzas del Tribunal de Cuentas: "Ante decisiones arbitrarias, actuaciones decididas"

Aragonès, en el pleno del Parlament.
Aragonès, en el pleno del Parlament.
ACN
Aragonès, en el pleno del Parlament.

El debate sobre la legalidad del fondo que ha creado el Govern para pagar las fianzas de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 ex altos cargos de la Generalitat por haber promocionado el 1-O en el extranjero ha subido este miércoles de tono. Los grupos parlamentarios de Cs, el PP y Vox han avisado de que recurrirán a la justicia, mientras que el Gobierno, a través de su vicepresidenta, Carmen Calvo, ha repetido que hará lo mismo si la decisión del ejecutivo catalán no está “con arreglo a ley”. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido que sí lo está. "Ante decisiones arbitrarias, actuaciones decididas y de acuerdo con la ley", ha dicho, y ha añadido que "cualquier servidor público tiene derecho a ser defendido por su administración".

Aragonès y los grupos parlamentarios se han pronunciado así en el pleno del Parlament, en el que el 'president' ha comparecido a petición propia para hablar sobre la desjudicialización del conflicto catalán y ha negado que el fondo suponga una irregularidad. Ha asegurado que la Generalitat ha hecho "lo que haría cualquier gobierno" para proteger a sus trabajadores y velar porque se respete su "presunción de inocencia" frente a una persecución "ideológica", y que "es injusto que se vean obligados a responder con su patrimonio" -las fianzas se deben liquidar antes del 21 de julio-.

Con la creación del fondo -de 10 millones de euros-, según Aragonès, se ha tomado "una solución que es de emergencia, pero que es de cobertura general. "Esta actuación -ha agregado- permite ganar tiempo para hallar una respuesta adecuada y para que se frene la causa del Tribunal de Cuentas".

La mejor respuesta, según Aragonès, sería la aprobación de una ley de amnistía que acabe con "actuaciones patrióticas" como la de este tribunal, así como con la "represión absurda" que sufre el independentismo.

Giró: "Es todo lo contrario a la administración"

Por su parte, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha negado las acusaciones de "fraude de ley" y de "malversación" que han realizado Cs, PP y Vox y ha dicho que el decreto por el cual el Govern creó el fondo "es todo lo contrario a la malversación".

"De la misma forma que se hace en cualquier democracia del mundo se les da cobertura a estos servidores públicos hasta que no haya una sentencia firme", ha explicado el conseller de Economía, que también ha recalcado que, en el supuesto de que se produzcan sentencias condenatorias, "la Generalitat recuperará el dinero que ha destinado a cubrir riesgos".

El Govern "no avala directamente, porque no hay ningún traspaso patrimonial, es un fondo público de riesgos", ha puntualizado, y lo ha reivindicado "como instrumento para restablecer la libertad para poder ejercer la acción política en Cataluña".

También ha afirmado que hay leyes como la de función pública que obligan a cualquier administración "a estar al lado de cualquier funcionario sometido a un procedimiento judicial".

Recurso de PP, Vox y Cs

PP, Vox y Cs han anunciado que recurrirán el fondo del Govern, y además, los dos primeros han hecho saber que también denunciarán al Govern por malversación.

"Señor Aragonès, ha empezado su cuenta atrás como presidente", ha advertido el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga. Además, le ha acusado de "cargar sobre las cuentas" de los "catalanes honrados" las consecuencias de la actuación de los dirigentes del 'procés', que a su juicio "robaron" a las arcas públicas para financiar el proyecto independentista.

Por su parte, el líder de Cs, Carlos Carrizosa, ha advertido al presidente del Govern de que, "si vulneran otra vez la Constitución y pisotean los derechos fundamentales de diputados y ciudadanos", acudirán a los tribunales. "Nuestro único límite, ya que el Gobierno de España parece que no está dispuesto a ponerlo, es el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas, el armazón del Estado de Derecho", ha afirmado.

También ha insistido en que recurrir a los tribunales no es judicializar la política, sino defenderse de quienes vulneran las leyes.

Desde el PP, el diputado Alejandro Fernández ha dicho que considera "inmoral" la creación del fondo que da cobertura a reclamaciones como por ejemplo la del Tribunal de Cuentas, en un momento de necesidades económicas de los sectores afectados por la pandemia de la Covid-19. 

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