El Consejo de Ministros de esta primera semana de julio viene cargado de proyectos legislativos. Este martes, el Gobierno aprobará el inicio de la tramitación de cuatro: el proyecto de ley de libertades sexuales (conocido como la ley del solo sí es sí), la primera parte de la reforma de las pensiones, el acuerdo para acabar con la temporalidad de los interinos en la función pública y el anteproyecto de ley de startups. Pero, pese a ello, la Moncloa ha decidido que solo comparezcan en rueda de prensa la ministra portavoz, María Jesús Montero, y la de Economía, Nadia Calviño, lo que supone orillar a los titulares de Igualdad, Irene Montero; Función Pública, Miquel Iceta; y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Los casos de Montero y Escrivá son especialmente sangrantes porque la ley del solo sí es sí y la primera parte de la reforma de las pensiones son dos asuntos de los que el Gobierno ha hecho bandera y de los que ellos han sido los máximos responsables. En el caso del titular de Seguridad Social, la semana pasada presentó con gran solemnidad el pacto en un acto en el que también participaron sindicatos, patronal y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Gobierno aprueba hoy la primera parte de la reforma de las pensiones mientras crece la tensión por los 'baby boomers'

No obstante, las declaraciones de Escrivá abriendo la puerta a acometer una rebaja a las pensiones de la generación nacida entre 1960 y 1975 han envuelto la reforma de polémica y han eclipsado su principal reclamo: la vinculación por ley de las prestaciones con el IPC, que implica que mantendrán automáticamente su poder adquisitivo año a año sin depender de la decisión del Gobierno de turno. Y no solo eso: también se ha abierto una brecha interna en el Gobierno de cara a la negociación de esta posible bajada, que tiene que acabar en noviembre y que Unidas Podemos ya ha asegurado que ni siquiera contempla apoyar.

A diferencia de lo ocurrido con Escrivá, Montero no ha tenido la oportunidad de presentar públicamente la versión definitiva de la ley de solo sí es sí, y tampoco lo hará este martes. Su ausencia se sumará a la del otro máximo responsable de la norma, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Y el hecho de que ambos vayan a faltar a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros contrasta con lo ocurrido la semana pasada, cuando Montero y Campo presentaron conjuntamente el proyecto de ley trans, un texto que ha suscitado duros choques en el Gobierno para ser consensuado y por el que la ministra de Igualdad dio las gracias al de Justicia, pero no a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con la que ha tenido 

La nueva ley de solo sí es sí

Nueva definición de consentimiento, cambios en las penas... Así regresa la ley del 'solo sí es sí' al Consejo de Ministros

En marzo del año pasado, Montero sí estuvo presente en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el anteproyecto -y no el proyecto, que es a lo que se da luz verde este martes- de ley de solo sí es sí. Desde aquel 3 de marzo, apenas unas semanas antes de que estallase la crisis de la Covid, la norma ha sido sometida a consulta pública y ha pasado, envuelta en polémica, por órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. Fruto de ese recorrido, el texto ha ido experimentando modificaciones. Las últimas se conocían el viernes y hacen referencia a la definición de consentimiento y a las penas de los delitos.

Uno de los principales cambios es en el núcleo de la ley: el concepto de consentimiento. Mientras los borradores anteriores determinaban que "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto", el texto actual señala que "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Igualdad afirma que se opta por un modelo de "consentimiento positivo", que ya contemplan países como Suecia o Reino Unido, y que "cuando entre en vigor la ley, las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia".