El ministerio público concluye, según ha adelantado el diario Información, que las adjudicaciones denunciadas "se han realizado desde los departamentos gestores por el personal técnico y no por los responsables políticos" y ello "pese a que sean los órganos políticos correspondientes los que hayan levantado los reparos y acordado los pagos, pero siempre con informe favorable de la Intervención, una vez levantado el reparo, atendiendo a la teoría del enriquecimiento injusto de la Administración".

El ministerio público abrió diligencias el pasado mes de mayo por supuestos delitos de prevaricación y fraude después de que el Partido Popular de la localidad presentara una denuncia por 676 facturas en las que existía "reparos" por parte de Intervención, que comprenden los años 2019 y 2020, y que suman más de 1,5 millones de euros.