El fantasma de Luis Bárcenas, el extesorero del PP que hoy cumple condena en la cárcel de Soto del Real (Madrid), sigue acechando a María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y secretaria general de los populares entre los años 2008 y 2018. En 2013, Cospedal ya tuvo que dar explicaciones por la "indemnización en diferido" que el partido le dio al extesorero cuando dieron por finalizada la relación laboral que les unía. Ocho años después, la exministra ha tenido que volver a justificarse por asuntos relacionados con Bárcenas.

No obstante, esta vez, en lugar de responder a las preguntas de los periodistas, Cospedal ha tenido que responder al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por el caso Kitchen, en el que se investiga una operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP en 2013 documentación comprometedora para el partido. El propio magistrado ya dio por probado que existió dicha trama y ahora la investigación se centra en quién dio la orden para su puesta en marcha y a quién beneficiaba la existencia de la misma. Al extesorero del PP lograron sustraerle su agenda personal, documentos de la contabilidad del PP o notas sobre la financiación irregular de las campañas en Madrid, y entraron en su domicilio.

Cospedal declaró como investigada el pasado martes. Entonces, la exministra se desvinculó totalmente de la operación, en la que la Fiscalía Anticorrupción la implicó en septiembre. El Ministerio Público la relacionó con Kitchen tras encontrar documentación que podía comprometerla entre los archivos que guardaba Luis Bárcenas, pero pasaron meses hasta que fue citada.

El magistrado la imputó a principios del mes de junio tras otro hallazgo diferente al que hizo la Fiscalía: sus iniciales aparecían en las agendas del excomisario José Manuel Villarejo, también implicado, lo que permitía "inferir" su participación en la captación de Sergio Ríos, otrora chófer de Bárcenas al que le habrían prometido un sueldo de 2.000 euros al mes procedentes de los fondos reservados de Interior y un puesto en la Policía por proporcionar a la trama información sensible sobre el PP que podría guardar Bárcenas.

Esa documentación comprometedora fue la excusa que utilizó la exministra para reconocer a García Castellón que se reunió en varias ocasiones con Villarejo. En concreto, habló de cuatro encuentros. Sin embargo, su jefe de Gabinete cuando Cospedal presidía Castilla-La Mancha (entre 2011 y 2015), aumentó el miércoles ante el juez el número de reuniones a alrededor de 10. Recogían a Villarejo en la plaza de Colón y le metían por el parking de Génova directamente al despacho de Cospedal, que controlaba el partido.

El magistrado también le otorga un papel en la captación de Ríos como confidente al marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Fue él quien le presentó a Villarejo en 2009. Lo hizo, según contó ella, porque era un policía en excedencia con buenas relaciones y que hacía labores de investigación. Cospedal dijo que no le encargó ningún trabajo, pero sí que le pidió que la informase de las filtraciones que se hacían a los medios sobre ella y el partido.

De esa reunión, la primera, que tuvo lugar hace doce años, salió una grabación en la que se escuchaba a Villarejo decir que le iban a encomendar tareas. López del Hierro reconoció haber asistido al encuentro el miércoles ante el juez, pero se desvinculó de la trama y de la captación. "López del Hierro no tuvo ninguna participación ni conocimiento en relación con la denominada Operación Kitchen", se podía leer en un comunicado distribuido a la prensa por su defensa, que también insistió en que nunca ha militado en el PP. Este argumento lo dio en la comisión de investigación sobre el caso que está desarrollándose en el Congreso de los Diputados y en la que todavía faltan por desarrollar las comparecencias de Cospedal, Fernández Díaz y del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Cabe recordar que ya en el año 2017 el Congreso probó, también después de desarrollar una comisión parlamentaria al respecto, que el Ministerio del Interior usó "de manera fraudulenta" los medios de los que disponía. Según el dictamen que se aprobó, la cartera de Fernández Díaz "creó una estructura policial con el conocimiento y consentimiento del Ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y la persecución de adversarios políticos".

El ex número dos de Fernández Díaz declara el jueves; Villarejo, el viernes

En la causa ya hay más de una quincena de imputados, nombres de gran importancia: desde el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hasta el excomisario Villarejo, pasando por varios mandos policiales. Los últimos en sumarse a la lista fueron la propia Cospedal; López del Hierro; y su ex jefe de Gabinete, José Luis Ortiz. El día que anunció la investigación de todos ellos, el magistrado citó de nuevo a declarar al ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ya investigado, por los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

El ex número dos de Fernández Díaz se presentará en la Audiencia Nacional este el próximo 12 de julio, aunque estaba previsto que lo hiciera este jueves, en mitad de una semana que terminará con la comparecencia de Villarejo viernes. Martínez ya ha comparecido hasta en dos ocasiones ante García Castellón. Primero lo hizo solo, en una comparecencia judicial en la que implicó a Fernández Díaz, al señalarle como responsable de la operación. Llegó a decir, incluso, que había protocolizado por medio de un notario los mensajes que probarían el papel protagonista de Fernández Díaz. Uno reflejaría presuntamente el encargo hecho el 13 de julio de 2013 para captar a Ríos y otro tendría relación con una petición del ministro, que quería que recabase información sobre cuestiones relacionadas con los delitos que se imputaban al extesorero del PP.

Su segunda cita judicial fue un tenso careo con el que fuera su jefe, en el que le dijo que estaba sentado en el banquillo por él. "Estoy aquí sentado por ti", le dijo. Fernández Díaz, por contra, dijo desconocer la trama que se habría llevado a cabo en su ministerio y acusó a Martínez de haber manipulado los mensajes. Como respuesta, el juez imputó al notario que los revisó.

Cuando comparezca, deberá aclarar por qué se reunió con Alfonso Pazos, un preso de confianza de Villarejo detenido por “distribuir, facilitar o negociar con la documentación a disposición del ex comisario”, según la Fiscalía. En relación con esto, Bárcenas ha llegado a asegurar que los de la Kitchen le llegaron a espiar incluso en su primera instancia en Soto del Real, donde cumple la condena de 29 años que se le impusieron por la primera época de la trama Gürtel.

El viernes será el turno de Villarejo, otro protagonista de la trama. García Castellón investiga desde 2017 el papel del excomisario en un caso que se divide hasta en 30 causas. La número 7 es Kitchen. En su declaración en la Cámara Baja, el excomisario implicó a Rajoy en el espionaje a Bárcenas. "El señor Rajoy contactaba conmigo, había un teléfono que comenzaba con 650 y terminaba en 10, donde me preguntaba cosas por mensaje", lanzó,

No obstante, estas acusaciones vertidas contra el expresidente no se han materializado en su imputación por falta de pruebas. Y es que, una de las grabaciones comprometedoras sobre Rajoy que Bárcenas dijo que le había sido sustraída fue una cinta en la que salía supuestamente destruyendo los papeles que probarían la caja B del Partido Popular.

Una supuesta llamada para apartar a un investigador

Entre las imputaciones también destaca el nombre de José Luis Olivera, exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF). Y es que, otro inspector policial, Manuel Morocho, abrió una vía diferente a la de Kitchen para deshacerse de pruebas contra el PP en la investigación de la trama Gürtel. En su declaración ante el juez, Morocho relató que sufrió presiones cuando investigaba la trama y contó que Olivera le habría ofrecido un puesto en Lisboa en 2013 para apartarle de las pesquisas. 

Esta vía también salpica a Fernández Díaz, pues el inspector narró cómo, en ese encuentro, Olivera hizo como que recibía una llamada de él. "Hola, ministro. Sí, estoy con él", recordó Morocho. Olivera, que solo contestó al juez y a su abogado, negó las acusaciones e intentó desprestigiar el trabajo de Morocho.