El Ministerio Fiscal sostiene que, en el año 2014, el acusado publicó un anuncio en Internet en el que ofertaba el alquiler, para negocio, de un alojamiento rural con vivienda, anuncio por el que se interesó XXX, a quien el acusado confirmó que el negocio estaba en activo y lo explotaba él mismo. Tras entablar las oportunas negociaciones, el 22 de enero de 2015, XXX firmó un contrato de arrendamiento de tres apartamentos vacaciones rurales y una vivienda, con opción a compra, en Tazones.

El acusado actuó en concepto de propietario-arrendador y XXX, de arrendatario. Por el arrendamiento este último entregó una fianza de 5.100 euros al acusado y se estipuló una renta mensual de 1.700 euros. En el contrato se especificaba que la finalidad del arrendamiento era la actividad de alquiler de viviendas vacacionales rurales y vivienda y que dicha actividad se encontraba en funcionamiento y dada de alta, siendo de cuenta del acusado el cambio de titularidad y las autorizaciones y permisos necesarios para la continuación de la actividad.

No obstante, el acusado conocía que el negocio carecía de la preceptiva licencia municipal para la actividad, así como que no era factible que se le otorgara por no existir licencias o informes que avalasen la transformación de la vivienda original en las existentes, así como por ser la calificación del suelo no urbanizable de protección de paisaje. En el mismo contrato se pactó igualmente la compraventa por parte de XXX del equipamiento y ajuar interior y exterior existente en el conjunto de apartamentos, necesario para realizar la actividad de alojamientos de turismo rural, por un importe de 40.000 euros, que abonó XXX al acusado.

El acusado, conocedor de la imposibilidad de cumplir el contrato suscrito, solicitó meses más tarde, el 4 de junio de 2015, licencia municipal ante el ayuntamiento de Villaviciosa a nombre de XXX, tras lo que fue incoado el expediente, en el que el informe técnico determinó que no constaban licencias o documentos que avalasen la transformación de la vivienda original en las actuales (casa y tres apartamentos) y que la calificación del suelo es no urbanizable y de protección del paisaje.

Esto dio lugar a su vez a la incoación del expediente municipal de disciplina urbanística, de reposición de la legalidad frente al acusado. XXX reclama las rentas abonadas, que ascienden a 18.755 euros, y 40.000 euros abonados conforme al contrato, así como las cantidades invertidas en adaptar la vivienda particular, que ascienden a 15.000 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa de los artículos 248.1, 249 y 250.5º del Código Penal. Y solicita que se condene al acusado a 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y el pago las costas causadas.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a XXX con 40.000 euros por el contrato suscrito y no realizado, 18.755 euros por las cantidades abonadas en contrato y 15.000 euros y las invertidas en adaptar la vivienda particular. Todo ello, más los intereres legales correspondientes.