De la "falta de independencia" al veto a candidatos del Gobierno: el PP justifica el bloqueo de órganos constitucionales

El líder del PP, Pablo Casado.
El líder del PP, Pablo Casado.
EFE/Salas

Hace ya más de dos años y medio que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía que haber renovado su composición. El mandato de cuatro de los doce vocales que componen el Tribunal Constitucional caducó en noviembre de 2019 y el Defensor del Pueblo está en situación de interinidad con Francisco Fernández Marugán en funciones desde que en 2017 expiró el mandato de Soledad Becerril. El próximo 21 de julio termina el mandato del Tribunal de Cuentas y todo apunta a que, al igual que el resto de órganos constitucionales, no será renovado –al menos en el corto plazo– por las discrepancias entre el PSOE y el PP, y especialmente, por el enroque de los populares.

El Tribunal de Cuentas, además, se encuentra en el punto de mira tras su investigación a los líderes del procés, a los que el pasado martes comunicó que tendrán que pagar 5,4 millones de euros por la promoción internacional del independentismo. El Gobierno lleva varios días reclamando al líder de la oposición su renovación, pero el PP se niega a hacerlo precisamente ahora, con el argumento de que varios ministros del Gobierno han sugerido que se perdone la deuda a los líderes independentistas para favorecer el diálogo. Tras la aprobación de los indultos, afirman fuentes del partido, "les han entrado las prisas".

Y es que los populares temen que si se renueva este órgano, un cambio en las mayorías facilite ese "desempedrado" al que hizo referencia el titular de Transportes, José Luis Ábalos, una expresión, la de "poner piedras en el camino", que Pablo Casado llegó a comparar el miércoles en el pleno del Congreso con "mandar una cabeza de caballo a la cama de cada consejero" para denunciar las supuestas  presiones del Gobierno. 

El PP solo está dispuesto a renovar los órganos constitucionales si es, dice, para "reforzar su independencia", algo que no ve posible en estos momentos. No obstante, se da la circunstancia de la consejera del Tribunal de Cuentas encargada de dictar sentencia por responsabilidad contable contra los 40 exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña es Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar, algo que el propio presidente del Gobierno recordó a Casado para cuestionar la supuesta despolitización que pretenden los populares.

Otro de los órganos que espera su turno es el Defensor del Pueblo, un puesto para el que se barajaba el nombre de Ángel Gabilondo a principios de año y que suponía el relevo de éste al frente del PSOE madrileño. Antes de las elecciones, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llegó a decir que si de ella dependiera, "Gabilondo no sería ni Defensor del pueblo, se va a su casa definitivamente". Finalmente volvió a ser él el candidato socialista en las elecciones del 4-M y el Defensor del Pueblo no ha salido de la interinidad. 

Sin embargo, el CGPJ es el órgano que más tiempo lleva bloqueado y en todas las ocasiones por el plantón de los populares, que se han levantado de la mesa hasta en tres ocasiones, algo que el presidente del Gobierno llegó a reprochar este miércoles en su intervención afirmando que el PP "incumple la Constitución cada día".

Primer bloqueo: la filtración de Marchena para presidir el CGPJ

La primera vez que se intentó renovar fue en 2018. Una semana después de que Pablo Casado fuera elegido líder del PP, mantuvo una reunión con el presidente Sánchez en la que abordaron este asunto. "Estábamos decididos a hacerlo si se reforzaba la independencia judicial y si se avanzaba a la elección directa del Consejo por parte de jueces y magistrados", explicó Casado el pasado lunes en la inauguración de una convención previa a la nacional que se celebrará en otoño. 

Sin embargo, el acuerdo saltó por los aires después de filtrarse un mensaje de Ignacio Cosidó en el que alardeaba de que el acuerdo alcanzado le permitiría al PP seguir controlando este órgano con el candidato propuesto, Manuel Marchena, el juez del procés. Una filtración que Casado vincula a la entonces ministra de Justicia, la socialista Dolores Delgado, y que provocó la renuncia del magistrado a presidir el CGPJ. "Dijimos que no contaran con nosotros para este circo", defendió Casado.

Desde entonces hasta mediados de 2020 apenas hubo noticias sobre la posible renovación, aunque el líder del PP defiende que "durante un año y medio nadie bloqueó, se bloqueó el proceso electoral y el proceso sanitario", en relación a las dos convocatorias electorales de 2019, el Gobierno que se mantuvo en funciones durante meses y la posterior pandemia.

Segundo bloqueo: el veto a Pablo Iglesias en la negociación

La segunda vez que se abordó la renovación fue en septiembre del pasado año, con un Gobierno de coalición. Fue este el principal escollo para el PP, la presencia de Pablo Iglesias en la negociación. Iglesias "está en una petición de cambio de régimen constitucional, han pedido que el rey abdique y que haya un referéndum sobre la Monarquía, y así empezamos muy mal", justificaba entonces el líder popular. 

El pasado lunes, Casado se reafirmó en que Iglesias era el problema y acusó a Sánchez de ocultar "durante un mes" que el entonces vicepresidente formaba parte de la negociación mientras que "la Constitución lo que dice es que el Poder Judicial y el Legislativo son los que procederán al nombramiento del Consejo. El único poder que no tiene nada que hacer es el Ejecutivo". 

En este sentido, se remontó a unas palabras del entonces vicepresidente en las que, tras la salida del rey emérito del país, aseguraba que "se iba a cambiar el órgano de los jueces para que respondiera al Gobierno del cambio", en palabras de Casado sobre Iglesias. "En ese momento nos levantamos de la mesa. Nosotros no queremos cambiar ningún órgano para cambiar ningún gobierno del cambio y mucho menos encabezado por Pedro Sánchez y vicepresidido por alguien como Pablo Iglesias", argumentó el líder popular.

Tercer bloqueo: el veto al juez De Prada y a Victoria Rosell

La tercera vez que Gobierno y PP negociaron la renovación del CGPJ fue el pasado mes de febrero. Entonces se acordaron en un borrador cinco requisitos que enumeró el lunes el propio Casado: la imparcialidad de la Fiscalía; que no entraran expolíticos en la cuota de juristas elegidos por las Cortes Generales; que no entraran juristas por la cuota de jueces ni jueces por la cuota de juristas; que todas las decisiones del CGPJ se aprobaran por mayoría reforzada de tres quintos para acabar con el bloque conservador y progresista; y que 12 vocales de los 20 totales fueran elegidos por los propios jueces.

Sin embargo, en esta ocasión los populares volvieron a levantarse de la mesa tras la propuesta del Gobierno de incluir al juez José Ricardo de Prada, magistrado del caso Gürtel, y a la jueza Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género a propuesta Podemos. El líder del PP justificó estos vetos negando que tuvieran "ningún problema con su vida pasada" sino argumentando que "el juez De Prada quería entrar como jurista y la jueza Rosell era política en ejercicio".

El PP, insistió Casado el lunes, "no ha bloqueado nada. Renovamos mañana mismo si quieren reforzar la independencia de estos órganos". Según el líder popular, "si el PSOE sigue sin renovar el CGPJ es porque quiere".

Por su parte, el Gobierno insiste en la necesidad de renovar los órganos constitucionales para que respondan a la actual mayoría parlamentaria, y acusa a los populares de impedir el cumplimiento de la Constitución con su actitud. "No es de recibo una actitud antidemocrática y de no cumplir con el mandato constitucional boicoteando la renovación", dijo la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, el pasado martes.

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