La viceportavoz de la confluencia de IU y Podemos, Remedios Ramos, ha incidido en que Málaga "tiene que ser una ciudad accesible, de forma física, pero también sensorial y cognitiva".

Así, ha anunciado que van a presentar una moción en la que se propone "dotar al área de accesibilidad de más personal técnico para desarrollar los proyectos y objetivos de esta área transversal, que en la actualidad carece de funciones y está prácticamente desmantelada".

En este punto, Ramos ha recordado que el Consejo Municipal de Accesibilidad no se convoca desde hace ocho años, "un órgano indispensable y participativo integrado de asociaciones, colectivos y personas con diversidad funcional y en cuya última reunión quedó emplazado a revisar la ordenanza municipal de Accesibilidad que data de 2004. Apelamos a su convocatoria urgente, que retome sus sesiones con el objetivo de desarrollar un nuevo Plan Estratégico de Movilidad Universal".

No obstante, más allá de las demoras en el tiempo, la portavoz adjunta de la coalición, ha pedido que el ayuntamiento de Málaga "intensifique las inspecciones municipales en las vías públicas para detectar las barreras arquitectónicas, tanto permanentes como transitorias, así como las que perviven en los locales privados".

También reclama que "que los libros de comunicación para comprender y utilizar servicios municipales sean visibles y accesibles en todas las dependencias de atención al público; que se adapte la página web municipal a códigos de Lectura Fácil; que se implanten bucles magnéticos en estas mismas dependencias; o que se incluyan en los pliegos técnicos de los contratos de obra los criterios de accesibilidad y diseño universal".

Por su parte, Alfredo de Pablos, coordinador de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, ha criticado que "Málaga no es una ciudad para personas que arrastran los pies".

"La Málaga del día a día tiene que ser una ciudad amable con todo el mundo. Demandamos una Málaga que se ajuste al ciudadano, no de un ciudadano que deba ajustarse a la ciudad. Si sumamos personas mayores, personas con alguna discapacidad o personas de discapacidad accidental, hablamos de un 30 por ciento de la población", ha dicho.

De Pablos incide en que "es una cuestión de voluntad política, la accesibilidad universal es lo que permite que cualquier persona pueda desarrollar su proyecto de vida, ¿de qué nos sirve tener derechos si no tenemos seguridad en nuestros desplazamientos?", se ha preguntado.

En este punto, ha señalado que "las entidades locales son nuestra trinchera en al defensa de nuestros derechos, porque no hay local que abra, negocio que empiece u obra que se haga que no tenga que pasar por trámites municipales, donde se debe vigilar por ley que se cumpla la normativa de accesibilidad".

Pero, ha continuado, "tenemos un gran problema, porque la primera incumplidora es la entidad que tiene que proteger nuestros derechos. Estamos muy lejos de lo que dice la ley que tiene que cumplirse. En la propia Alameda hemos llegado a detectar hasta 20 trampas para personas ciegas. Para el área de Urbanismo es más importante la estética que al ética de la seguridad", ha concluido.